La directora de la Asociación de cuidadores, familiares y amigos de personas dependientes, con alzheimer y otras demencias (Acufade) Elena Felipe denunció que “los derechos sociales siguen sin ser una prioridad” en Canarias, y que el cuidado es la “esclavitud” de las mujeres, ya que se realiza “por obligación”, hipotecando su vida por una labor por la que no reciben el apoyo de las Administraciones, todo lo contrario, hay una “esclavitud institucionalizada” que son las Pecefs, por tanto, quien cuida de forma permanente a un familiar o a un particular debería tener un salario digno y recursos suficientes. DIARIO DE AVISOS dialoga con Elena Felipe entre dos importantes efemérides, el Día Internacional de los Cuidados, celebrado el pasado 29 de octubre, y el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el próximo 5 de noviembre..
-Se acerca el Día del cuidador
“Para empezar me resulta obsceno que se siga denominando Día del cuidador, por que son las mujeres la que realizan los cuidados. Según el Estudio sobre Cuidadoras familiares en Canarias, de cada diez personas que cuidan a una persona dependiente ocho son mujeres, con una media de edad media de 50 años. Estos cuidados lo hacen por obligación y sin apoyo de las administraciones. Quienes hemos cuidado históricamente hemos sido las mujeres y, desgraciadamente, lo seguimos haciendo hoy en día. Entonces, propongo el cambio de denominación a Día de la persona que elige cuidar, porque debería ser una elección y no la obligación para las mujeres”.
-Próximamente organizarán unas jornadas en Gran Canaria
“Nosotras veníamos celebrando el Día Internacional a través de encuentros insulares de cuidadoras, principalmente en Tenerife, pero hace ya dos años planteamos una celebración bianual, un encuentro regional y celebramos el primer Congreso Internacional de cuidados en noviembre del 2022 en Tenerife. Este año celebraremos nuestro segundo Congreso Internacional será en Vecindario los días 13 y 14 de noviembre, con destacados ponentes que abordarán los cuidados en el Mundo, como en los pueblos yanomamis del Amazonas; modelos de trabajo en Irlanda, en el Ártico, Finlandia, España o Canarias; así como la atención a las personas cuidadoras; el cuidado desde la perspectiva de los Derechos Humanos; los cuidados más allá de la familia, la empresa y la institución; además del uso de la Inteligencia Artificial o de las tecnologías y la robótica en los cuidados, entre otros temas. Por tanto, queremos poner el foco en que otras formas de cuidar son posibles”
-Incide en la importancia de los cuidados para la sociedad
“Nosotras seguimos concienciando de la importancia que tiene el cuidado. Sin el cuidado no hay vida, el cuidado es un eje transversal que atraviesa toda nuestra vida y que tiene que ver con los cuidados de las personas y, también, con los cuidados del Planeta y el territorio, como estamos viendo con el cambio climático y todos los fenómenos meteorológicos adversos como la ultima DANA. Ahora mismo el cuidado recae sobre las mujeres, sobre su salud, bienestar y su proyecto de vida. Las mujeres cuidamos porque nos toca cuidar, porque es nuestra obligación, porque es lo que se espera de nosotras porque si no, serías considerada una mala madre, mala hija, mala hermana, mala nuera… Es lo que la sociedad espera de las mujeres y se nos ha educado para ello y estamos hablando de que el cuidado es una esclavitud porque se olvidan de todo e hipotecan toda su vida. Además tenemos una esclavitud institucionalizada que son las famosas Prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar (Pecefs) donde se le pide una persona (a una mujer) que se comprometa con el cuidado de otra durante las 24 horas, los 365 días del año por un salario cero, por una alta a la Seguridad Social, o sea una esclavitud (trabajar por obligación y sin salario) y en este caso se tiene que comprometer a cuidar a esa persona en situación de dependencia suscribiendo un documento, por eso hablo de esclavitud institucionalizada, porque emana de una norma de las instituciones y, como gesto, te doy un alta en la Seguridad Social, pero el salario no existe porque no nos olvidemos que el titular de la prestación es la persona dependiente, que en el mejor de los casos asciende a 500 euros cuando se refiere a una persona que se encuentra en la peor situación, es decir, necesita de otra persona para todo su desempeño vital. Por tanto es necesario que el cuidador tenga un salario digno y recursos suficientes”.
-¿Cómo está la situación? ¿Se ha mejorado los datos de dependencia como dice la Consejería de Bienestar Social?
“Canarias históricamente ha atravesado una situación de dejadez, de estar a la cola en prestaciones sociales, en el ejercicio de los derechos sociales de la población, por tanto se requiere y urge un Plan de Choque Integral, de un marco y una estrategia de actuación decidida y contundente para acabar con esta lacra histórica. Eso lo hecho de menos porque hasta la fecha, pues no conozco y no he visto ninguna propuesta sobre la mesa que muestre que ponen en marcha ese Plan y, unido al Presupuesto, hay una decisión política importante por solventar esta situación. Sinceramente estamos expectantes a ver qué pasa y cómo se materializará el próximo Presupuesto, porque en el discurso político hay mucha demagogia en relación a toda la situación de dependencia y derechos sociales en Canarias. Será el Presupuesto el que determine si realmente hay una voluntad política, ya que sin dinero no se puede avanzar ni tener medios para poner en marcha un Plan de acción. Según datos de Odesocan el presupuesto actual para Dependencia tendría que incrementarse un 143% para poder atender a toda la población que está ahora mismo registrada en Canarias como demandante de prestaciones y para cumplir su derecho de Atención a la Dependencia hace falta aumentar el presupuesto en 612 millones”.
-Y si hubiera Presupuesto, no aparecen iniciativas, personal para realizarlos o no se ejecuta
“Tenemos como ejemplo los planes de infraestructuras sociosanitarias que no han sido ejecutados. Estamos hablando de dejadez por parte de las administraciones, de incapacidad de gestionar, de falta de iniciativas y de recursos. Por una parte es necesario el dinero pero también tener las herramientas que te permitan vehicular los recursos presupuestarios. No me cabe la menor duda de que los derechos sociales siguen sin ser una prioridad en Canarias a pesar de que hablan del tema muchas horas, pero no ves que las cosas cambien sustancialmente ni que realmente se esté trabajando. Nos generó una gran decepción la publicación del borrador de propuesta de simplificación del procedimiento de reconocimiento del derecho a la dependencia. Nosotras diseñamos toda una propuesta de simplificación real del procedimiento, que además ponía en el centro a las personas. La propuesta aterrizaba en la red de Centros de Atención Primaria, en los que estamos toda la población, que nos conocen, acudimos y están cerca. Es un recurso que debiera convertirse en el espacio de coordinación sociosanitaria para poder atender de verdad a las necesidades de las personas en situación de dependencia. El descentralizar el procedimiento en los centros de salud implica que el reconocimiento del grado de dependencia recayera en primer lugar donde siempre debía haber estado, que son los profesionales del ámbito sociosanitario. Y por otro lado permitiría que se redujera en menos de 60 días todo el procedimiento. Una situación de dependencia nos llega por una discapacidad, por una enfermedad sobrevenida o por un accidente, situaciones que se diagnostican y tratan en los Centros de Salud. Entonces donde está el diagnóstico ya tendrías la valoración de la situación de dependencia, y con añadir una trabajadora social en cada centro de salud ya tienes el PIA, el instrumento que determina los servicios a los que tendrás derecho y los que te van a corresponder, en base a tu capacidad económica y al grado que tienes. Ahora mismo las trabajadoras sociales y las valoradoras están centralizadas en las sedes de la Dirección General de Dependencia, y que de ahí salen, con el gasto que conlleva en dinero, tiempo y recursos. Si realmente quisieran se podría simplificar el procedimiento a su mínima expresión, lo que pasa es que esas personas que están en el limbo de espera (por el grado o del PIA) demandarían su prestación inmediatamente pero no hay ni dinero ni servicios para cubrirlos. Quizás interesa mantener este statu quo”.
-¿Cree que no les interesa cambiar esa situación?
“Vamos a refrescar los datos: hay 13.352 expedientes sin valorar, 6.497 personas pendientes de PIA, 17.002 pendientes de grado, 7.394 en limbo. Si resolvemos el derecho de estas personas a través de un procedimiento simplificado serán demandantes de prestaciones de servicio que no podemos atender. El Gobierno debe preguntarse si está dispuesto a que el presupuesto se incremente ese 143% y se recoja esos 611 millones de euros para poder atender a esta población actual. Estamos atendiendo solo a la mitad de la población. Además Canarias es la comunidad que menos invierte en dependencia, 138 euros por persona frente a los 240 de media nacional. Aquí en Canarias estamos bajo mínimos, la ratio en prestación de servicios es la menor de todo el territorio español, debido a que tenemos un régimen de incompatibilidades para no poder dar los servicios a las personas que lo requieran en atención a su situación de dependencia, sino por un criterio puramente presupuestario, es decir si tiene derecho a un servicio no tiene derecho a otros, obviamente es necesario flexibilizar el régimen de compatibilidad para que puedan tener acceso a los servicios que más se ajusten a sus necesidades. Sanidad es la que recoge a las personas que vienen del fracaso del resto de políticas sociales, cuando no tienen empleo, vivienda o están en exclusión social, se resiente su salud física o mental y acuden al médico para que les recete una pastilla para que puedan lidiar con su situación de precariedad. Así gran parte de la población toma hipnóticos y ansiolíticos. Pero no perdemos la esperanza, creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Hay que reforzar los servicios públicos y hacer un ejercicio efectivo de los derechos de la población tiene que ser una decisión que hay que pelearse y que tiene que ponerse de manera prioritaria en la agenda política”.
-La Administración ha delegado en las Asociaciones y ONG ¿Se sienten valoradas?.
“El Tercer Sector es el brazo ejecutor de las políticas públicas, en todos los ámbitos las asociaciones son las prestadoras de los servicios. En Canarias es muy fuerte por la pésima situación en la que se encuentran los derechos sociales, lo que ha llevado a la población a organizarse para poder hacer frente y cubrir las necesidades. También existe una doble precarización del sistema, por una parte los convenios colectivos son los más bajos, y por otra parte la infrafinanciación y encima a destiempo de todos los servicios que prestamos. El Tercer Sector ejecuta en low cost, porque somos capaces de hacerlo de forma más barata que lo haría la Administración y, además sufrimos maltrato institucional porque estamos adelantando el dinero continuamente en la prestación de los servicios y esperamos a que la Administración nos financie. Además, los convenios colectivos que rigen a los profesionales del ámbito sociosanitario que trabajan en el Tercer Sector están muy por debajo de otros convenios, lo que implica que formamos a profesionales sociosanitarios que luego se van a la Administración”.
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