El plan de la Unión Europea (UE) para reducir los residuos en los próximos años está basado en un modelo de economía circular, en el que el valor y los recursos se mantienen durante el mayor tiempo posible y la generación de basura se reduce al mínimo con el objetivo de aliviar la presión sobre el medio ambiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y tener un menor impacto en el paisaje. Básicamente consiste en reutilizar, reparar, y aprovechar materiales para extender el ciclo de vida de los productos y crear un valor adicional, un modelo que contrasta con el actual de ‘usar y tirar’ o reciclar al mínimo y lo básicamente indispensable.
El marco legal para hacerlo es la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En su artículo 11, establece que …”las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.
De acuerdo a esta normativa, a partir de abril de 2025 los españoles deberán pagar una nueva tasa de basura impuesta por la UE destinada a cubrir los gastos citados. Además de una carga para las y los ciudadanos, su implantación supone un nuevo quebradero de cabeza para los ayuntamientos que deben articular los mecanismos legales, modificar sus ordenanzas o cambiar sus tributos, al tiempo que intentan compensar a los vecinos bajando, por ejemplo, otros impuestos municipales.
El objetivo marcado no resultará fácil de alcanzar en el Norte de la Isla ya que la reducción de los residuos sigue siendo una asignatura pendiente para ambas partes.
Sirva como ejemplo que de los 15 ayuntamientos de la Isla solo tres (Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Victoria de Acentejo como prueba piloto) cuentan con contenedor marrón o quinto contenedor, destinado a reciclar los biorresiduos, o basura orgánica generada en la cocina y en el jardín, ya presente en muchas ciudades del país que luego de un proceso de clasificación, puede aprovecharse para generar un circuito de economía circular que permita convertirlo en energía o compostaje.
En el caso de Buenavista, su alcaldesa, Eva García, confirma que se contempla incorporarlo a principios del próximo año, con la nueva licitación, “aunque sin tener claro si se va a poder gestionar a nivel insular”.
La misma previsión se tiene en El Tanque, Garachico y Los Silos, mientras que en el caso de los municipios que conforman la Mancomunidad del Nordeste (Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula), prevén hacerlo a partir del segundo trimestre, de forma progresiva, priorizando a los de mayor población y necesidades.
Lo cierto es que las corporaciones locales se enfrentan a un reto que todavía no saben bien cómo van a asumir, que genera incertidumbres legales, y que tendrá repercusiones importantes en las arcas municipales, más allá de los colores políticos de quienes gobiernen. Algunos dirigentes de todo el país no han dudado en referirse al nuevo ‘tasazo’ del Gobierno central.
Uno de ellos ha sido el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, quien la semana pasada lamentó que se “haya dejado a la deriva a los ayuntamientos en su aplicación”. Fue el primero en dar la voz de alarma sobre este asunto y anunciar medidas de equilibrio fiscal propias para amortiguar el costo en los bolsillos de las familias realejeras. La primera y más inmediata, una bajada del IBI, aprobada en el último pleno municipal.
El Ayuntamiento de La Orotava también se ha sumado a esta alternativa y estudia qué tasas e impuestos municipales bajará para compensar a los vecinos y al mismo tiempo, que el servicio no tenga déficit.
“Se supone que esta tasa será gestionada por el Gobierno de Canarias (que ha solicitado su recaudación a través de los ayuntamientos) y deberá articular el mecanismo para que esa reclamación revierta en los ayuntamientos y cabildos para la mejora del servicio”, sostiene el concejal de Hacienda, Felipe David Benítez.
Al mismo tiempo le pide al Gobierno de España medidas de compensación para los ayuntamientos, dado que no todos tienen la misma situación. “La Orotava es el municipio de mayor extensión de la Isla y con una orografía compleja, eso hará que el déficit del servicio sea mucho mayor. Nos parece injusto que los villeros tengan que pagar por medio de la tasa de residuos ese déficit”, señala.
Su homólogo en el Puerto de la Cruz también apunta a medidas similares. “Modificaremos la ordenanza fiscal previsiblemente antes de final de año e introduciremos beneficios en la misma, sobre todo para recuperar la tasa inteligente de residuos. De forma paralela, se rebajará el tipo impositivo en el IBI para toda la ciudadanía, aunque se estudia el porcentaje. A ello se suman otras, destinadas, principalmente, a las familias numerosas y a aquellos propietarios que pongan viviendas en alquiler”, precisa Pedro Antonio Campos.
Especialmente crítico es el edil de Hacienda de Tacoronte, Eduardo Dávila, quien considera, igual que González, que esta tasa “es una invasión a la autonomía local ya que el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece que las tasas son un tributo de imposición voluntaria para las entidades locales”. Aclara que “la ley no desarrolla en ningún reglamento regulación básica, ni metodologías ni criterios para elaborar informes económicos que calculen un coste del servicio exacta para poder aplicarlo a las tasas, además que éstas, variarían continuamente a medida que se incorporen buenas prácticas y deberán recalcularse. El pago por generación se deja a merced de los ayuntamientos pudiendo haber criterios muy distintos entre éstos, y sin duda, entrando en una infinidad de posibles pleitos en ese sentido”.
Los mandatarios de los consistorios más pequeños reconocen que les resultará bastante complejo asumirla porque tienen poca capacidad presupuestaria y por lo tanto, necesitan de administraciones superiores para poder afrontar la situación. “Estamos a la espera de directrices de la FECAM porque este problema afecta a todos los ayuntamientos de la Isla y hemos plateado llevar acciones conjuntas”, sostiene Eva García.
En la misma línea se expresan las mandatarias de El Tanque y Los Silos, Esther Morales y Carmen Luz Baso, respectivamente. La primera apunta que “desde la FECAM han advertido que el Cabildo de Tenerife debe ayudar en este sentido a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Esperamos que se tenga en cuenta esta petición”, añade.
“Los municipios necesitamos apoyo interadministrativo para cumplir los objetivos de la ley e impulsar de esta forma políticas que fomenten la economía circular”, insiste la segunda. Baso cree que “es vital determinar si la tasa la cobrará el Cabildo o el Ayuntamiento”.
El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, también confía en la FECAM. “Esperaremos a la próxima reunión para ver si se consensúa alguna postura entre todos los municipios para tomar decisiones de cara al futuro”.
Desde Garachico, José Heriberto González muestra su preocupación sobre cómo aplicar la nueva tasa. “Se supone que es para concienciar que hay que reciclar mejor, pero me parece bastante exagerada y va a afectar mucho a los bolsillos. Estamos estudiando cómo amortiguarla. No es sencillo porque lo que propone la ley es castigar a quien más genere residuos”.
En el caso de caso de Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla y el resto que conforma la Mancomunidad del Nordeste, sus responsables no se han pronunciado sobre la manera en la que aplicarán la nueva tasa de basura.
Más concienciación para evitar que los contenedores sean vertederos
Si en algo coinciden los responsables de los quince ayuntamientos del Norte de Tenerife es que todavía es necesaria una mayor concienciación ciudadana para evitar que los contenedores se conviertan en vertederos, con restos de escombros, amianto y otras sustancias peligrosas que la gente, en muchos casos, tira sin control, cuando en la mayoría de los municipios hay un servicio que los recoge, previa llamada de los vecinos. De acuerdo a los datos aportados, el nivel de recogida ha disminuido en los contenedores amarillos, azules y verdes, pero el problema mayor siguen siendo los enseres. En este sentido, consideran que hay que hacer una fuerte inversión en campañas de concienciación así como en programas educativos para fomentar las buenas prácticas desde edades tempranas de cara al cumplimiento de las directrices europeas para reciclar en origen y evitar la imagen que se vive en muchas calles de los municipios del Norte de la Isla prácticamente todos los días
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