El Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha abierto tres expedientes sancionadores, por un importe global de 19.820 euros, a dos quioscos ubicados en zonas costeras de los municipios de Arona y Adeje y a una escuela de surf de Granadilla de Abona por ocupar espacio de dominio público marítimo-terrestre sin autorización administrativa, según notificó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP).
La sanción más elevada afecta a un quiosco de 20 metros cuadrados con una terraza de 50 metros más ubicada en la zona sur de la Playa de Las Vistas, en Los Cristianos (municipio de Arona), cuyo propietario deberá abonar una multa de 14.000 euros.
El segundo expediente por infringir la normativa de Costas atañe a un quiosco de menores dimensiones que el de playa de Las Vistas, ya que su superficie es de apenas cuatro metros cuadrados con una terraza de idéntico tamaño en la Playa del Bobo, en el municipio de Adeje, que tendrá que afrontar una sanción económica de 4.320 euros.
La tercera infracción afecta a la escuela Surf Center, perteneciente al hotel Playa Surf, en El Médano (Granadilla de Abona), por ocupar también espacio de dominio público marítimo-terrestre sin autorización administrativa, en este caso “mediante la impartición de clases de windsurf y kitesurf con ánimo de lucro”, se especifica en la notificación del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. En este caso, el importe de la multa fijada por el Servicio de Costas asciende a 1.500 euros.
PLAZO DE 15 DÍAS PARA CONSULTAR
En los tres casos, recuerda la publicación oficial, los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los afectados para su consulta y conocimiento íntegro del acto durante un plazo de 15 días (a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio publicado en la jornada de ayer) en el Servicio Provincial de Costas, con sede en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, número 169.
Las tres notificaciones se publicaron ayer en el BOP después del “infructuoso intento”, especifica el boletín, de establecer comunicación de forma individual en los últimos domicilios conocidos de los afectados, y “de conformidad con los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común”.
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