El Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó ayer, por unanimidad, una moción institucional que solicita al Gobierno de España la derogación de la obligatoriedad de la nueva tasa de residuos establecida en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. La moción aprobada recoge puntos propuestos por el PSOE) y el PP, que comparten gobierno local, así como una propuesta de CC que exige la supresión de la tasa, argumentando su “impacto negativo en la economía de las familias y la falta de claridad en los criterios de aplicación”. Se trata del primer rechazo de esta nueva tasa, aunque sea con un texto acordado y en el contexto de un pacto local con el PP, de un municipio cogobernado por los socialistas.
En el pleno, se debatieron ambas mociones y se alcanzó un consenso para unificar las propuestas y eliminar referencias partidistas del documento, otorgándole así carácter institucional. Entre los puntos acordados, destaca la solicitud de una normativa estatal más clarificadora, el retorno de los ingresos generados por el impuesto al vertido a los municipios y la suspensión de la obligatoriedad de la nueva tasa hasta que se resuelvan las incertidumbres sobre su puesta en marcha.
Este asunto fue expuesto previamente en la comisión informativa celebrada la semana pasada, en la que PSOE y PP presentaron una enmienda, que fue rechazada por Coalición Canaria. En respuesta, ayer el Partido Socialista optó por presentar una moción alternativa.
David Santos, portavoz municipal del PSOE, destacó la “disparidad de criterios sobre cómo calcular e implantar la nueva tasa” y expresó su “inquietud” por el impacto económico que conllevarían las inversiones necesarias para modernizar los servicios de gestión de residuos. “Nos preocupa que cada nueva inversión obligue a recalcular la tasa”, afirmó.
Por su parte, Marcos Antonio Rodríguez, portavoz del PP, subrayó que Granadilla de Abona es “líder en Canarias en separación de residuos, con un 23%”, por lo que se enfrenta a una imposición que calificó de “injusta”. “Homogeneizar este tipo de tasas sin tener en cuenta las particularidades de cada municipio es un error”, afirmó.
Desde CC, su portavoz, José Domingo Regalado, reiteró su rechazo a una normativa que, según argumentó, “repercute íntegramente en los ciudadanos”.
CONFLUENCIA POLÍTICA
La aprobación de la moción institucional sorprendió en el contexto político municipal, dada la diversidad ideológica del pleno. Tanto el PSOE como el PP y CC apoyaron finalmente una medida respaldada, incluso, por Vox.
El pleno también dejó en evidencia las dificultades para cumplir con los objetivos de economía circular bajo las condiciones actuales de la ley. En ese sentido, Regalado manifestó que “esta medida, en su forma actual, no incentiva la corresponsabilidad ciudadana ni garantiza una aplicación justa entre municipios”.
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