Los empresarios tinerfeños que han poseído la mayor parte de acciones del CD Tenerife en la última década, Amid Achi, Miguel Concepcion y Conrado González Bacallado, han recibido un inesperado presente de Navidad. Se trata de un burofax cursado por el despacho de abogados que representa al inversor madrileño José Miguel Garrido, con el que firmaron en su momento un pacto de accionistas que permitía la gobernanza del CD Tenerife y que se ha traducido en una ostensible representación mayoritaria en el consejo de administración de la entidad, órgano de gestión del club supeditado a los acuerdo de la junta de accionistas, hasta el pasado 17 de diciembre, fecha en la que se ha renovado casi al completo el consejo.
En dicho burofax, José Miguel Garrido informa a sus compañeros sindicados de su oposición a algunos de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas celebrada el 17 de diciembre. En el orden del día, se aprobó el cese de los consejeros Juan Guerrero y Santiago Pozas, los dos hombres de máxima confianza del inversor afincado en Londres, junto a la -previamente dimitida- consejera Alba Aula, así como la inmediata sustitución de los representantes salientes por el empresario norteño Rayco García, próximo presidente del club, el abogado Octavio Cabrera y el exjugador tinerfeñista Ayoze García. A juicio del máximo accionista del club hasta el momento, la inacción de sus socios locales implica una clara vulneración del acuerdo de gestión sindicada firmada en su momento, que permitió la constitución de un consejo de administración presidido por Paulino Rivero, que ya ha anunciado su salida para finales del mes de marzo próximo.
El quid del asunto
El cambio de gestión en el Club Deportivo Tenerife se gestó en las 48 horas previas a la junta general de accionistas, optándose por un modelo en el que pocos habían reparado, tras el fracaso de las negociaciones para la adquisición por parte de Rayco García de las acciones controladas por José Miguel Garrido. Esta vía alternativa posibilitaba el cese y la designación de miembros del consejo de administración, por mayoría simple y a propuesta de cualquier socio de la entidad, previa votación a mano alzada o in voce, como así sucedió.
Esta mayoría simple fue posible porque los representantes de los empresarios locales, es decir, las acciones correspondientes a Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado Bacallado, no participaron en la votación. Y aquí está la clave de esta disputa que, a buen seguro, se dirimirá durante los próximos meses o años en los tribunales mercantiles de justicia.
Fuentes próximas a los empresarios locales, a los que José Miguel Garrido exige una eficaz compensación económica, con la que se embolsaría no menos de tres millones de euros y que, además, implicaría la fehaciente ruptura del pacto de accionistas, también conocido como Sindicato de acciones para la gestión del CD Tenerife, han afirmado a DIARIO DE AVISOS, que esta reclamación planteada por burofax, paso previo al inicio de acciones judiciales, es “totalmente improcedente”
Según las mismas fuentes, no se puede acusar a unos socios accionistas de romper un acuerdo sindicado cuando éstos no han participado en votación alguna para la destitución o elección de consejeros, tendente a variar la mayoría de gobernanza en el órgano de gestión y administración del club”. La indicación previa que tenían los empresarios locales por parte del gestor de la mayoría sindicada, es decir, José Miguel Garrido, era votar afirmativamente en todos los puntos recogidos en el orden del día de la junta general de accionistas, como así ocurrió.
Los cambios que propiciaron la renovación del consejo de administración se produjeron en un punto planteado fuera del orden del día de la junta, que, según los estatutos de la entidad, exigía su votación. Los empresarios locales optaron por no participar en la votación y, además, desecharon acogerse a la abstención, como ha publicado erróneamente la mayoría de medios de comunicación, a excepción de DIARIO DE AVISOS.
Larga batalla judicial
Todo parece indicar que este movimiento de ficha por parte de Garrido y sus abogados es el principio de una larga batalla judicial que tendrá que resolverse en los tribunales, si antes no media ningún tipo de acuerdo entre las partes. A este intríngulis, hay que añadir la reciente solicitud por parte de José Miguel Garrido de que haya una convocatoria urgente de una junta general extraordinaria de accionistas con la finalidad de proceder a la remodelación del órgano de administración y gestión del club; o sea, el Consejo de Administración. Su paquete accionarial le avala en tal solicitud, pero lo que está por dilucidar son los pasos que en este proceso temporal van a iniciar ya en territorio judicial los empresarios Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado Bacallado.
La partida de ajedrez continúa. No ganará el más hábil, ni el más listo, sino el que menos errores cometa.
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