La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM) celebró ayer el Día Nacional de esta enfermedad neurológica con el desarrollo de diferentes actividades de sensibilización sobre la realidad de las personas que viven con esta enfermedad y dio a conocer las principales reivindicaciones que, de cumplirse, pueden mejorar su calidad de vida. La presidenta de ATEM, Ángeles González, destacó ayer, como una de sus exigencias clave, “la necesidad de una financiación estable, suficiente y continua” para asegurar el futuro y la labor fundamental que desempeña desde el diagnóstico, proporcionando información, apoyo psicológico, rehabilitación y recursos esenciales para mejorar la calidad de vida de los afectados y familias.
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica autoinmune, desmielinizante y neurodegenerativa del Sistema Nervioso Central. Afecta a unas 55.000 personas en España y suele diagnosticarse entre los 20 y 40 años, si bien puede surgir en menores de 18. Los síntomas más habituales son la fatiga, los problemas de visión, hormigueos, vértigos, mareos, debilidad muscular, espasmos y problemas de equilibrio y coordinación. Muchos de ellos resultan “invisibles”, como el deterioro cognitivo, la depresión, la ansiedad, el dolor o los trastornos sexuales, que impactan en la calidad de vida.
Las asociaciones llevan años reclamando “mayor protección social” desde el diagnóstico para facilitar el acceso a medidas de apoyo que permitan mantener la calidad de vida y la participación activa en la sociedad.
Ángeles González también pidió ayer avanzar en “un diagnóstico temprano” que garantice desde el principio el acceso a tratamientos farmacológicos y rehabilitadores necesarios, así como a “medidas de protección social” que faciliten el acceso a prestaciones y recursos esenciales. También solicitó más recursos para la investigación de nuevos tratamientos para avanzar hacia una curación definitiva.
Desde ATEM, se exige “equidad en el acceso al tratamiento farmacológico” que precise cada persona, sin desigualdades entre hospitales, provincias ni comunidades, además de asegurar el “acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado”.
Demandó, a su vez, “un mayor compromiso” de los empresarios en la adaptación de los empleos y la contratación de personas con discapacidad, y a las administraciones, “incrementar su apoyo a las familias” y garantizar la “integración social y la accesibilidad universal”.
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