icod de los vinos

Avamte denuncia presuntas irregularidades en la gestión del espacio público en Icod de los Vinos

Los vendedores ambulantes trasladan a la Fiscalía la “falta de transparencia” en la ocupación de la plaza Lorenzo Cáceres
La plaza Andrés de Lorenzo Cáceres acogía hace años el mercado ambulante y los domingos feriados. DA
La plaza Andrés de Lorenzo Cáceres acogía hace años el mercado ambulante y los domingos feriados. DA

La Asociación de Vendedores Ambulantes de Tenerife (Avamte) presentó en diciembre pasado una solicitud al Ayuntamiento de Icod de los Vinos para esclarecer aspectos clave sobre la concesión y ocupación de la plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, así como sobre la gestión del mercado ambulante y los domingos feriados que tanto éxito tuvieron en mandatos anteriores.

Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte gobierno, e incumpliendo los plazos establecidos por la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y la Ley 12/2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias, que fijan un máximo de 30 días hábiles para hacerlo, ha decidido trasladar a la Fiscalía Provincial las presuntas irregularidades para que investigue si las actuaciones del ayuntamiento “han vulnerado los principios legales establecidos en materia de contratación pública, uso del espacio público y transparencia administrativa”, señala Avamte en un comunicado.

En concreto, se le solicita que ahonde en la concesión o autorización otorgada a una asociación “cuyo domicilio social es la propia vía pública; es decir, la plaza citada, según consta en el registro público de asociaciones”, por lo que “carece de domicilio social válido”.

Este hecho “ya ha sido comunicado a las administraciones responsables del registro y supervisión de asociaciones sin que hasta ahora se haya recibido respuesta alguna”. Avamte también pide saber si se cumple con los principios de publicidad, concurrencia competitiva e igualdad; si se produjo un uso indebido del dominio público “al permitir una ocupación sin las debidas garantías legales” y si “hubo discriminación con respecto a otros interesados”.

“La intervención de la Fiscalía busca esclarecer si estas actuaciones pueden vulnerar el marco normativo, incluyendo posibles concesiones a dedo en detrimento del interés general y los derechos de otros colectivos interesados en el uso del espacio público”.

Al ser consultado sobre este asunto, el grupo de gobierno aseguró ayer “no tener conocimiento” y, por lo tanto, prefirió no pronunciarse.

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