Las comunidades autónomas acogen actualmente a al menos 13.310 menores migrantes no acompañados, de los que 5.790 están en Canarias, según datos facilitados por las diferentes consejerías. En concreto, Canarias, Andalucía y Cataluña son las que tienen mayor número de menores migrantes no acompañados, con 5.790, 2.606 y 2.204 respectivamente. Por el contrario, La Rioja y Cantabria son las que menos acogen, con 12 y 22.
Así, según datos de la Consejería de Bienestar Social de Canarias, actualmente hay en el archipiélago 5.790 menores migrantes no acompañados. En este sentido, destaca que cuando comenzó la legislatura contaba con 30 centros para acoger a estos niños y adolescentes, frente a los 86 que existen ahora.
Respecto al resto de comunidades, Galicia cuenta con más de 800 en su sistema de acogida. Le sigue Baleares, con 644; Murcia, con 550; Navarra, con 300; Castilla y León (192); Asturias (97) y Castilla La Mancha (95).
El Gobierno se encuentra estudiando con Canarias un reparto extraordinario de unos 4.400 menores migrantes no acompañados (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta). Precisamente, la semana pasada el presidente canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acordaron los criterios de este acuerdo, que avanzaron que serían “prácticamente los mismos” que los que se decidieron en el año 2022: población, renta per capita, paro, esfuerzo y dispersión de la población.
El Partido Popular (PP) ya ha anunciado varias veces que votará en contra de este acuerdo, asegurando que pretende dejar fuera de la distribución a Cataluña y País Vasco, afirmación ya desmentida por el propio presidente Clavijo y, pese a ello, insisten en este argumento tanto el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijoo, como su portavoz, Borja Sémper.
En este sentido, la diputada en el Congreso Cristina Valido (Coalición Canaria) lamentó ayer, en una conversación con DIARIO DE AVISOS, que “se esté mezclando todo, buscando confundir y hacer un uso partidista de absolutamente todos los asuntos que llegan a la Cámara. Hay un interés más estratégico y de búsqueda de una rentabilidad electoral inmediata que de defensa de los derechos humanos que tienen que estar por encima de cualquier interés partidista”, afirmó.
Así, reclamó “sensatez y responsabilidad con un asunto que es de Estado, que no es un asunto de Canarias, y respeto máximo a los derechos de las personas. En este sentido, aseguró que “se está tratando de pintar un panorama incierto, diciendo que se beneficia a unas comunidades sobre otras según quién las gobierna. Esto es desde todo punto de vista una falsedad mayúscula”.
“Si esto mañana ocurre en Baleares o en cualquier otra comunidad, ¿van a darles la espalda? Estoy convencida de que si esto estuviera ocurriendo en la costa peninsular ya habrían llegado un acuerdo”, concluyó.
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