El sector comercial en Canarias representa ahora mismo la paradoja perfecta: encabeza el crecimiento de las ventas en España (+5,2% al cierre de 2024) y registra cifras récord de empleo, con 169.000 afiliados de alta en la Seguridad Social, pero al mismo tiempo ve cómo en los últimos siete años han desaparecido 7.444 de sus empresas, una pérdida imposible de recuperar que afecta, sobre todo, a las pequeñas tiendas y a los autónomos.
La explicación a este fenómeno es compleja pero hay tres aspectos en los que coinciden las asociaciones empresariales, la administración y los propios comerciantes: el auge imparable del comercio electrónico y la imposibilidad de competir en precios, la falta de relevo generacional y la concentración de la actividad comercial en grandes núcleos de población y empresas de mayor tamaño.
El crecimiento de las ventas y del empleo gracias al tirón del turismo y a la demanda interna por la mejora de la situación económica no llegan por igual a todo el sector, y el comercio físico pierde esas 7.444 tiendas entre 2016 y comienzos de 2024 pero, además, reduce su peso en el sector Servicios, pasando de representar el 32% en el año 2008 al 21% actual, según los datos recabados por la Cámara de Comercio tinerfeña.
Mientras, el comercio electrónico dispara su facturación, que alcanza ya los 3.540 millones de euros en las transacciones entre empresas y consumidores, un 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago. El crecimiento ha sido vertiginoso, hasta el punto de que en nueve años, las ventas online se han multiplicado por 8, desde los 447 millones del año 2014, cuando apenas representaban el 1% del PIB canario. A día de hoy, un 60% de la población canaria compra por Internet, pero solo un 11% de las empresas de las Islas venden por esa vía.
La directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, el director general de Comercio del Gobierno regional, David Mille, y el gerente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, coinciden en que el cierre de empresas afecta a tiendas de zonas rurales o de la periferia de grandes poblaciones y se muestran preocupados por la pérdida de peso de una actividad en la que las cambiantes demandas de los consumidores se lo ponen muy difícil a los pequeños comercios.
David Mille reconoce la desventaja respecto a las grandes plataformas y aboga por buscar soluciones junto a los afectados. “Es el momento de formar un equipo de trabajo para abordar los problemas reales que afronta el sector con el comercio electrónico, teniendo en cuenta que nuestro sistema fiscal tiene enormes ventajas, pero del que derivan cargas burocráticas, aduaneras y logísticas que restan competitividad”.
Lola Pérez y Abbas Moujir argumentan también que el incremento de costes derivados de los alquileres, la subida del salario mínimo o el contexto internacional “puede ser asumible para los grandes pero a los pequeños los hunde”. Además, consideran que la exención del IGIC a productos de menos de 150 euros es una enorme competencia desleal, un coladero para que entren todo tipo de productos, especialmente de China, con los que es imposible competir.
“Estamos decepcionados porque venimos reclamando al Gobierno que actúe hace mucho tiempo pero no se toman medidas” señala Moujir, que pide que se hagan estudios por zonas para detectar problemas específicos y actuar de manera localizada, y que advierte de que “en zonas rurales o alejadas de los grandes centros, el comercio realiza una función social y de servicio a la comunidad que se está perdiendo y eso acelera la pérdida de población que ya padecen”.
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