El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley para articular un mecanismo permanente de derivación y reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas de llegada como Canarias y Ceuta cuando su ocupación llegue al 300% de su capacidad. Esta decisión llega tras cerrarse un acuerdo con Junts la noche del pasado lunes que garantiza el apoyo de esta formación para su convalidación en el Congreso, que se espera para la primera quincena de abril, y que significará el traslado de 4.000 menores desde Canarias y 400 de Ceuta en este primer año al resto de autonomías.
El texto aprobado modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería con cuatro puntos añadidos. El primer paso para ejecutar la derivación de menores es saber cuántos jóvenes acoge cada comunidad autónoma y, para ello, el Gobierno pedirá a las autonomías que lo certifiquen antes del 31 de marzo. Si las comunidades no facilitaran sus datos, el Gobierno empleará registros propios para seguir adelante con el procedimiento aprobado.
Cien millones de euros este año
Uno de los elementos más importantes para las comunidades es la financiación y, a este respecto, el Gobierno aseguró ayer que “se garantiza la suficiencia financiera” a través de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará un crédito extraordinario de 100 millones de euros para este año. El Ejecutivo no precisó qué cubrirá exactamente esta partida aunque sí detalló que la cuantía variará de un año para otro en función de las circunstancias.
El Real Decreto Ley protege, en todo caso, la autonomía de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para modificar, por unanimidad, cualquier aspecto del texto.
Si no se acuerda otro criterio diferente, se establece que, cuando una comunidad autónoma alcance el triple de su ocupación estructural para atender a los menores, podrá declarar que está en situación de contingencia migratoria y así se lo trasladará al Gobierno, que activará los mecanismos de reparto.
Para calcular la capacidad ordinaria de acogida de una comunidad, se sumarán los datos de menores de todas las comunidades y se dividirá la población del conjunto del país por ese número. Después, se dividirá la población de la comunidad autónoma por ese último número y el resultado es lo que se considerará la capacidad ordinaria de cada autonomía
El texto dicta los criterios según los cuales el Estado determinará la nueva ubicación de los niños, de acuerdo a unos criterios objetivos, que son casi los mismos que los acordados en 2022 por las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial. En concreto, se tendrá en cuenta: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Aún no hay datos concretos de cuántos niños y adolescentes tendrá que acoger cada comunidad, pero Junts ya ha adelantado que, según el acuerdo, Cataluña recibirá entre 20 y 30 y Madrid acogerá unos 700. Según el último cálculo, Madrid y Andalucía tienen déficit de 1.145 y 839 plazas, para la acogida de menores en general, no sólo migrantes, y la Comunidad Valenciana debería crear 764 nuevas plazas.
Un plazo de un año para trasladar a los que ahora viven en el Archipiélago
La medida aprobada ayer por el Gobierno central responde a una reivindicación histórica de Canarias ante la saturación de sus recursos para atender a los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago, ya que, según el marco actual, estos quedan bajo tutela del territorio al que llegan.
Después de un 2024 marcado por el récord de llegadas por la ruta canaria, el Archipiélago tutela en la actualidad a 5.810 menores que residen en un total de 86 centros y, desde hace más de un año, el Gobierno de las Islas y el central han trabajado para sacar adelante la iniciativa.
La Ley contemplará los traslados de los 4.400 menores que están hoy en Canarias y Ceuta en un año y, para aquellas zonas que se declaren tensionadas en función del nuevo marco, que los nuevos menores que lleguen a estos territorios se trasladen en 15 días.
Tras el pacto con Junts, que permitirá que el real decreto-ley salga adelante en el Congreso, el ministro Torres tendió la mano ayer la mano a los partidos que votaron en contra en el verano de 2024 a la proposición de ley para la derivación de menores.
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