Los veterinarios canarios protestan por una norma “injustificada”

Los veterinarios de Canarias se concentraron ayer para rechazar el decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, al considerar que se trata de una normativa “injustificada y desproporcionada” que “limita y ralentiza” su labor.

Un millar de profesionales colegiados se reunieron frente a la delegación del Gobierno en Gran Canaria, así como en las sedes de las subdelegaciones en Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. En Las Palmas, se entregaron 20.500 firmas que se obtuvieron en menos de tres semanas, tras la celebración de una manifestación que reunió a 3.000 personas y seguirá recogiendo firmas mientras el problema no sea solventado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se mostró receptivo para trasladar el rechazo generalizado de la profesión veterinaria al Ejecutivo de España.

Este decreto “encarece notablemente los tratamientos”, “limita las funciones de los veterinarios” y, en caso de incumplimiento, se enfrentan a altas multas. Los veterinarios recuerdan que son “parte del sistema sanitario”, por lo que deben “obedecer a nuestro criterio y no al del Ministerio”. Criticaron que la transcripción que se ha hecho de la legislación europea de medicamentos veterinarios ha sido “injustificada, desproporcionada y contraria a la de países del entorno”. Denuncian que la normativa española conserve un sistema “rígido y homogéneo de prescripción” cuando “cada especie animal tiene necesidades médicas específicas”.

Censuraron también que la plataforma para la Vigilancia de Prescripciones de Antibióticos, de obligado uso con la nueva normativa, “añade una carga burocrática innecesaria, inexistente en otros países europeos, sin beneficios demostrados para el control efectivo de las resistencias a medicamentos”.

En Europa, los veterinarios pueden suministrar directamente los medicamentos necesarios para garantizar la eficacia y continuidad de los tratamientos mientras en España, la falta de acceso directo a estos medicamentos obliga a los propietarios a recorrer farmacias, con el riesgo constante de no encontrarlos o recibir sustituciones inapropiadas, poniendo en riesgo la salud de los animales.

El Parlamento canario aprobó una iniciativa ayer en la que pide al Estado que cambie o retire el decreto. Alerta de que encarece los tratamientos, pone en riesgo la salud de los animales y fomenta su abandono.