El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer una moción del PP, que contó con el voto en contra del PSOE, para exigir al Estado medidas legales que permitan proceder al desalojo de okupas en un plazo de 24 horas, además de habilitar juzgados especializados en ocupación e “inquiocupación”, término éste referido a los quinquis (palabra muy usado por el alcalde) que allanan viviendas vacías, como ocurrió recientemente en El Toscal.
La propuesta, defendida por el portavoz popular, Carlos Tarife, contó con el testimonio de Carlos Jiménez, vecino de este barrio, que expuso la situación vivida en la zona tras la ocupación de dos viviendas, lo que llevó a movilizarse a residentes. “Son delincuentes que hasta con cuchillos han amenazado, aterrorizado y robado a personas mayores, mujeres y niños, creando una sensación de miedo que nunca había ocurrido en el barrio. Lo más grave es que la ley protege al okupa delincuente, hasta que un día ocurra una desgracia por no tomar medidas que pongan fin al problema”.
Tarife defendió que “hay que facilitar herramientas a la Policía Nacional y a los jueces para llevar a cabo desalojos express, con el objetivo de que los propietarios recuperen con rapidez sus viviendas”, una propuesta que la portavoz socialista, Elena Mateo, le achacó al “no plantear estas soluciones para los casos de El Tablero o de Añaza”.
Al respecto, el alcalde, José Manuel Bermúdez, aclaró que, “con las medidas a establecer, hay que diferenciar entre el quinqui que ocupa una vivienda de una patada y con un cuchillo en la mano para alterar la convivencia del barrio, como se ha vivido en El Toscal, de una familia con hijos en situación de vulnerabilidad”.
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