El santacrucero barrio de El Toscal vive en un auténtico infierno. El miedo y la inseguridad se han apoderado de los vecinos, quienes se enfrentan impotentes al aumento de okupaciones de viviendas en el barrio, la última ocurrida hace una semana en el número 10 del Pasaje Ravina. Una oleada de moradores ilegales que, además, ha llegado acompañada de robos y amenazas con cuchillos a los residentes, que aseguran no poder más.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha convocado hoy a los vecinos, además de a los propietarios de la última vivienda okupada, a sendas reuniones para abordar medidas que ayuden a paliar una situación que se escapa de las competencias municipales. El regidor reclama a la Subdelegación del Gobierno que actúe, además de al Gobierno de España que cambie la legislación sobre la ocupación ilegal de viviendas. “Se debe permitir a los cuerpos de seguridad actuar con rapidez y firmeza para devolver la tranquilidad al barrio antes de que el problema de seguridad ciudadana se agrave”, apuntó el regidor, quien además afirmó que, por parte de la Policía Local, se ha incrementado la presencia de patrullas, así como de la unidad canina.
No obstante, el sin vivir de los vecinos ante las dos recientes okupaciones, una en la calle El Saludo y otra en el Pasaje Ravina, les ha llevado a organizarse en patrullas de barrio para vigilar la zona. Una situación que el martes pasado acabó en altercado, cuando, tras una reunión organizada por los residentes, un grupo decidió acudir a la casa allanada y sacar a los ocupantes de su interior, lo que acabó en un altercado que hizo necesaria la presencia de la Policía Nacional.
La propietaria del número 10 del Pasaje Ravina explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que “es injusto que se metan en tu casa y no puedas hacer nada, como ha sido en mi caso”. Añadió que “mi vivienda fue una herencia familiar. Es un inmueble de 1920, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en el que he tenido que arrastrar un largo trámite burocrático para poder rehabilitarlo, pues hay humedades, techos a punto de desplomarse y carcoma en maderas que necesitan ser reparados para vivir en ella. Llevo dos años presentado papeles para la obra que aún no he podido iniciar, pero, en cambio, ha sido ocupada ilegalmente y nadie les pide a estas personas ni un solo papel, dejándolos campar a sus anchas cuando, incluso, han comenzado a hacer obras en mi casa, según los ruidos que escuchan mis vecinos”.
Los dueños de la casa, abocados al destierro de su propiedad, están desesperados y frustrados, al igual que el resto de vecinos del barrio, por unos okupas que “tienen más derechos que nosotros”, afirmaron. “Nos dimos cuenta de que algo pasaba semanas atrás, cuando encontramos un chicle pegado en la cerradura de la puerta, que es la marca que usan para avisarse entre ellos de que son viviendas vacías. En ese momento, no pensamos lo que iba a ocurrir días después, hasta que el pasado martes de madrugada rompieron la puerta y accedieron al interior. Los vecinos escucharon golpes y llamaron a la policía, pero los okupas presentaron un certificado de empadronamiento, falso, y se metieron dentro. Dos varones magrebíes y una mujer embarazada, a los que no podemos echar. Me siento violada y sólo pido justicia y que me den una solución”, alegó la afectada.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas