No es la primera vez que se expresan en los mismos términos o similares, pero nada parece haber mejorado en la atención que se presta en Canarias a los menores tutelados. Demasiados casos para ser atendidos por la misma persona, la mala gestión y las carencias presupuestarias son los males que, al parecer, consolidan el fracaso de Canarias por lo que respecta a cómo cuida de los niños y las niñas más vulnerables, según denuncian quienes se esfuerzan en primera persona porque sus derechos sean respetados y el trato que reciben tenga el mínimo de dignidad exigible.
De nuevo ha sido la Diputación del Común donde un nutrido grupo de representantes de los y las trabajadoras del Servicio de Prevención y Protección a menores de la consejería de Bienestar Social y el área de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias han encontrado hueco y altavoz para insistir en unas denuncias que ya en su día motivaron que su titular, Lola Padrón, reclamase al Ejecutivo autonómico más información a este respecto.
A esta nueva cita con Lola Padrón asistieron Hermann Luis Dait Yanes y Víctor Hernández Chinea, representantes de la Sección Sindical de CCOO, además de Alberto Jesús Padrón Ruiz, Elizabeth Herrera Rodríguez y Luis Manuel Rodríguez Pérez.
Inasumible
Durante la reunión, los representantes laborales insistieron en describir una realidad inasumible, teniendo en cuenta que los derechos de los menores de edad tienen que prevalecer sobre los demás, como dispone la Declaración de los Derechos Humanos de la Infancia, que tiene rango de ley en España tras suscribirse el correspondiente convenio internacional por parte del país.
Así, y tras indicar que la cifra de menores tutelados con los que trabajan son ya unos 12.000, denunciaron que la cantidad de menores a los que deben atender precisan más recursos técnicos y humanos porque “estamos desbordados”.
Lo más llamativo son las causas que, a su juicio, genera esta situación, como una mala gestión generalizada en las situaciones de desamparo, derivaciones y acogimientos en todas sus modalidades, debido justamente a la falta de personal y por atender a muchos niños y niñas, a veces hasta 100, cuando lo ideal, según su propuesta, sería de 25 o 30 menores por técnico “para darles un trato de calidad”.
La falta de fondos por parte de los ayuntamientos, una de las claves
Los representantes de los trabajadores que trabajan para el Gobierno de Canarias en atención a menores aseguraron, además, que una de las principales causas de que fallen las políticas de prevención y desarrollo comunitario vienen dadas por la falta de recursos de los ayuntamientos canarios.
Los representantes de los y las trabajadoras han expuesto a la Diputada del Común, Lola Padrón, que cada caso debería ser estudiado por un equipo multidisciplinar especializado con profesionales de la psicología, trabajo social y la educación social, “algo que hoy es casi imposible hacer, dado el volumen de menores”. Hicieron referencia también a las personas menores migrantes no acompañadas, y esos casi 6.000 niños y niñas que, por la insolidaridad de otras comunidades, sigue habiendo en las Islas sin apenas personal y sin las condiciones para desarrollar el trabajo en condiciones óptimas.
Ante esta situación, Padrón reiteró su compromiso a seguir con las labores de supervisión para que se cumpla con la ley de protección a la infancia y a la adolescencia. “Como personas vulnerables, hay que evitar el deterioro de sus derechos, porque los niños y niñas son el futuro de nuestra sociedad, hay mucho talento que fomentar para tener una generación próspera y que nos beneficie a toda la comunidad canaria”, recordó.
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