José Miguel Garrido Cristo, máximo accionista del CD Tenerife, tenía que haber declarado en la mañana de ayer en el juzgado de Arona en relación a la denuncia presentada por un empresario inglés que acusa al madrileño de estafa y falsedad documental en el proceso de compra de un lote de acciones que estaban sindicadas y que, por lo tanto, no podía vender sin comunicación previa al resto de actores del pacto que ofrecía estabilidad institucional (Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González Bacallado).
Tal comparecencia no pudo llevarse a cabo por un fallo en el sistema de la videoconferencia con la que se iba a efectuar dicha declaración. De momento no hay nuevo día previsto para que el inversor comparezca ante el juez que lleva el caso.
En agosto de 2023, José Miguel Garrido y un potente inversor inglés pactaron una operación de compraventa del 10 por ciento del accionariado del Club Deportivo Tenerife por un importe total de 3,5 millones de euros, de los que el accionista blanquiazul percibió, en concepto de adelanto, la cantidad de un millón de euros. Esta transacción se llevó a cabo teniendo como base la constitución de una garantía pignoraticia especial por parte de Garrido, vinculada a su paquete de acciones.
Esta transacción, recogida en escritura pública en una notaría tinerfeña, estaba sujeta a condiciones suspensivas, en el caso de que no se cumpliese lo recogido en el acuerdo elevado a público.
El pago de los restantes 2,5 millones de euros se realizaría en un periodo máximo de 15 días posterior a la conclusión de la ampliación de capital del Club Deportivo Tenerife, que se realizó en marzo de 2024.
Una venta que el mayor accionista de la entidad no dio cuenta en su totalidad ni al Consejo de Administración del Tenerife, ni a sus socios del sindicado que permite la gobernanza del representativo tinerfeño.
El inversor británico contrastó fehacientemente que la supuesta garantía notarial, emitida y aparentemente protocolizada ante notario en la capital tinerfeña, era “absolutamente falsa”.
Por estos motivos este inversor inglés interpuso una querella criminal, inicialmente en los juzgados de la capital tinerfeña y a continuación en Arona, contra el mayor accionista de la entidad deportiva, por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y estafa.
Actualmente y debido a esta causa, el empresario afincado en Londres tiene embargadas unas 100.000 acciones correspondiente a sus sociedades Eolus Capital Limited, radicada en el Reino Unido, y la mercantil española, Only One Way, S. L., de la que es administrador único su hermano.
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