El Ayuntamiento de Arona acordó ayer la puesta en marcha de un plan de acción interadministrativo y de seguridad con el objetivo de frenar la proliferación de asentamientos ilegales en el municipio.
La iniciativa centró una reunión de trabajo celebrada en la sede consistorial, en la que participaron representantes del grupo de gobierno municipal, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y de distintos cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de coordinar esfuerzos y establecer una estrategia conjunta frente a esta problemática.
RESPETO CON EL TERRITORIO
La reunión tuvo como finalidad coordinar medidas conjuntas para una gestión eficaz y respetuosa del territorio, que refuerce los recursos disponibles y garantice una respuesta organizada ante esta problemática.
Al encuentro asistieron la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, concejales del grupo de gobierno, técnicos del Ayuntamiento, el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz; la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega; la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, así como miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria y Policía Local.
La alcaldesa destacó la importancia de trabajar de forma coordinada entre administraciones y cuerpos de seguridad para abordar un fenómeno que, según subrayó, “va más allá del urbanismo y tiene un claro componente social en nuestro municipio”.
“Es por ello que es fundamental actuar de forma conjunta para garantizar tanto la seguridad como la protección del entorno natural del municipio”, afirmó.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se constituirá una comisión técnica de seguimiento encargada de supervisar el desarrollo del plan y garantizar que las actuaciones se implementen de forma coherente y sostenida en el tiempo. En la reunión mantenida se acordó también avanzar hacia la creación de un protocolo de actuación común entre todas las administraciones implicadas, con el objetivo de unificar criterios y reforzar la eficacia de la respuesta institucional ante la aparición de nuevos asentamientos de esta índole.
DIMENSIÓN SOCIAL
También se abordó la dimensión social del problema, con especial atención al sinhogarismo y la necesidad de prevenir la formación de asentamientos precarios.
Además, se incidió en la necesidad de adoptar una visión transversal que vaya más allá del ámbito municipal en este tipo de práctica, tratando de combinar políticas sociales con medidas de ordenación del territorio.
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