A poco más de 160 kilómetros de Tenerife, en pleno Atlántico, se ubican las Islas Salvajes, un conjunto de pequeños islotes cuya soberanía sigue siendo motivo de desacuerdo entre España y Portugal desde hace más de cinco siglos. Aunque actualmente el territorio está bajo administración portuguesa, el conflicto nunca ha sido resuelto oficialmente.
El archipiélago lo forman tres unidades principales: Salvaje Grande, Salvaje Pequeña e Ilhéu de Fora, caracterizadas por su orografía hostil, la ausencia de agua dulce y la escasa vegetación, lo que ha limitado su ocupación humana. Sin embargo, su posición geográfica y relevancia ecológica les han otorgado un papel estratégico. En 1971, Portugal declaró la zona reserva natural, reforzando así su presencia institucional en el lugar.
La disputa se remonta al siglo XV. Por un lado, Portugal sostiene que fue el navegante Diogo Gomes quien llegó a estas tierras en torno a 1460, relacionándolas con el archipiélago de Madeira, situado a unos 280 kilómetros.
Por otro, España defiende que Jean de Béthencourt y otros exploradores vinculados a Canarias las conocían con anterioridad. Esta versión se apoya en documentos cartográficos como el mapa de los hermanos Pizzigani de 1367, en el que figurarían las Salvajes.
El Tratado de Tordesillas de 1494, que delimitó las zonas de expansión de Castilla y Portugal en el Atlántico, no menciona explícitamente estas islas. Durante siglos, el asunto quedó en segundo plano, pero en el siglo XX se reactivó. En 1932, Portugal las incorporó al distrito de Funchal y las destinó a uso privado como coto de caza. Seis años después, la Comisión Permanente de Derecho Marítimo reconoció esta adscripción, en un momento en el que España no presentó objeciones, al encontrarse en plena Guerra Civil.
En los años 70, la tensión se trasladó al ámbito del derecho marítimo. En 1972, Portugal amplió su Zona Económica Exclusiva (ZEE) incluyendo a las Salvajes. España no aceptó esa extensión, argumentando que se trataba de formaciones rocosas y no de islas propiamente dichas, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que limitaría sus derechos marítimos.
Desde entonces, las posiciones se han mantenido estables. Portugal ejerce el control administrativo y ambiental del archipiélago, mientras que España evita un reconocimiento explícito de su soberanía sin escalar la controversia. Las comunicaciones entre ambos gobiernos han sido continuas, pero sin resultados visibles.
La cercanía de las Islas Salvajes a Canarias, frente a la mayor distancia que las separa de Madeira, ha sido uno de los argumentos utilizados históricamente por España. Sin embargo, la situación actual refleja una especie de entendimiento tácito que mantiene el asunto fuera del foco público, sin modificar el statu quo ni romper las relaciones bilaterales.
El caso de las Islas Salvajes ilustra cómo un espacio geográficamente reducido puede acumular siglos de desacuerdo diplomático y mantenerse en el centro de una discusión internacional no resuelta.
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