Todos los expertos coincidían en que era cuestión de días que las Fuerzas de Seguridad del Estado diesen con los posibles responsables de la masiva filtración a través de las redes sociales de datos personales tan delicados como domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico de autoridades relevantes, entre ellas el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como ministros y destacados periodistas. La fuga de datos comenzó hace dos semanas a través de un canal de Telegram. Y, desde luego, no se equivocaban, porque ayer la Policía Nacional arrestó a dos sospechosos en Gran Canaria.
Dada la gravedad de los hechos podía imaginarse que se trataría de algún hacker especializado, pero por otra parte semejante insensatez no cuadraba con un criminal mínimamente avezado. Finalmente, los detenidos son dos jóvenes de apenas de 19 años de edad. Al que se considera responsable directo de las filtraciones ha resultado ser un joven estudiante de Informática que vive con sus padres en Arinaga y que ha sido identificado como Yoel O.Q. y el segundo arrestado es un amigo suyo que al parecer habría colaborado y/o estaba al tanto y que responde a las siglas Cristian Z.M., como adelantó ayer Canarias 7.
Según informó la Policía Nacional, la investigación, a cargo de la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario dirigida por el magistrado Francisco de Jorge, después de que los agentes hallaran la semana pasada en un canal de Telegram datos personales de varios ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, y de implicados en el caso Koldo. Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo.
Se trataría de una segunda filtración de datos después de que el 19 de junio se produjera una primera difusión de información reservada en un canal de Telegram que afectó a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros.
Esta primera filtración se produjo desde un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores y fueron publicados por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario.
Puestos al habla con el prestigioso penalista tinerfeño Pedro Revilla, y partiendo de la base de que dicho jurista solo nos responde desde una perspectiva general al impedir el secreto de sumario conocer los pormenores del caso, su primera impresión apunta hacia el tipo penal que versa sobre delitos de terrorismo en su modalidad informática con el objetivo de desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas. Sobre posibles penas, en el peor de los casos podría llegar a seis años de cárcel, si bien el tipo básico estipula de seis meses a dos año. Sea como fuere, los dos arrestados ya fueron trasladados ayer a Madrid.
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