El Partido Socialista de Arona ha presentado ante los juzgados de Instrucción de Arona una querella penal por un presunto delito contra la ordenación del territorio contra el empresario Diego Sebastián Cano y la sociedad Melisofi Consulting SL, promotora del Centro Comercial ARTS, situado en Playa de Las Américas.
La denuncia, firmada por el concejal socialista Frank Jörg Michael Tolle, pone el foco en las obras ejecutadas en la parcela sobre la que se levanta el complejo, al entender que estas difieren de manera sustancial de la licencia concedida en 2014 y que han generado un edificio que “es ilegal y no puede ser legalizado”, según concluye un informe pericial judicial incorporado al procedimiento.
Una licencia bajo sospecha
El origen de este caso se encuentra en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Arona del 11 de julio de 2014, por el que se autorizó la construcción del centro comercial y su proyecto de urbanización. Sin embargo, según el PSOE, la ejecución de la obra no se ajustó a los términos de dicha licencia.
De hecho, desde 2018 el Ayuntamiento tramita varios expedientes de legalización, tanto de la edificación como de la urbanización, que aún siguen en curso. Pese a ello, el peritaje judicial concluye que muchas de las modificaciones introducidas son insubsanables.
Informe pericial demoledor
El informe técnico, elaborado por el arquitecto Juan Jesús Cabrera en marzo de 2025 a instancias del Juzgado de Instrucción nº 1 de Arona, es el pilar central de la querella. El perito detalla una larga lista de incumplimientos urbanísticos y normativos que califica de “ilegalizables”. Entre las principales irregularidades señaladas destacan:
Invasión de la franja de servidumbre de protección del litoral, de 20 metros desde el dominio público marítimo-terrestre, en contra de la Ley de Costas y del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).
Exceso de altura: el inmueble alcanza los 11,6 metros, cuando la norma fijaba un máximo de 7 y solo permitía construcciones auxiliares como depósitos o escaleras.
Sobrecubierta transformada en espacio habitable: lo que debía destinarse a instalaciones técnicas se ha convertido, según el perito, en una planta con acceso por escaleras y ascensores principales, vistas al mar y espacios de uso comercial.
Locales comerciales en zonas prohibidas: tanto en planta baja como en sótanos y sobrecubierta, se han creado establecimientos en áreas donde el PIOT prohíbe expresamente el uso terciario.
“El espacio de la sobrecubierta es practicable, habitable y usable. No puede considerarse como zona técnica o de instalaciones, y de lo contrario entraríamos en el ámbito del fraude de ley”, señala textualmente el informe pericial.
Una urbanización paralela
La querella también denuncia que la urbanización asociada al centro se ejecutó de forma diferente al proyecto autorizado en 2014, afectando igualmente a terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Según el PSOE, ni para estas obras ni para las alteraciones constructivas existe la preceptiva autorización sectorial de Costas.
Además, se advierte que los cambios vulneran el Plan Insular de Tenerife, que declara inedificable la franja de 20 metros en primera línea del litoral salvo para infraestructuras de salvamento, primeros auxilios o instalaciones estrictamente vinculadas al dominio público marítimo-terrestre.
Consecuencias penales
El PSOE solicita al Juzgado que cite a declarar a los querellados, ratifique el informe pericial y requiera al Ayuntamiento de Arona toda la documentación urbanística vinculada al expediente.
De confirmarse los hechos, los responsables podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cuatro años, multas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos o actividades profesionales relacionadas con la construcción, tal y como establece el artículo 319 del Código Penal.
El caso Arts
Para los socialistas, el caso del Centro Comercial ARTS refleja “una grave quiebra de la legalidad urbanística” y constituye un ejemplo de cómo la falta de control y rigor administrativo “pone en riesgo el litoral de Arona, un espacio de alto valor natural y turístico”.
“El respeto a la Ley de Costas y al planeamiento insular es innegociable. No se puede permitir que obras de esta magnitud se ejecuten en fraude de ley”, subraya la querella. Con esta acción judicial, el PSOE busca “proteger el interés general, garantizar la transparencia y frenar la presión urbanística sobre la costa”, un debate que vuelve a estar de plena actualidad en el sur de Tenerife.
El Ayuntamiento debe actuar
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arona, al margen de la presentación de la referida querella, también ha solicitado formalmente a la Concejalía de Urbanismo que inicie los procedimientos necesarios para restablecer la legalidad urbanística en el centro comercial objeto de litigio en Playa de Las Américas. Según el escrito presentado por el concejal socialista Frank Michael Jörg Tolle, lo informes periciales elaborados en el marco de un procedimiento judicial señalan claramente múltiples ilegalidades urbanísticas en la construcción y urbanización del complejo, algunas de ellas consideradas “ilegalizables” por los técnicos.
El PSOE recuerda que, según la Ley del Suelo de Canarias, el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar de oficio cuando se constaten infracciones de este tipo, incluso si han pasado los plazos ordinarios, al estar implicados espacios de dominio público y zonas protegidas. Por ello, los socialistas reclaman que se abra un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y se estudie la demolición de las partes ilegales del complejo. “Estamos ante incumplimientos flagrantes que no se pueden legalizar y que afectan directamente al dominio público y al litoral. El Ayuntamiento debe ejercer sus competencias y garantizar que la ley se cumpla”, concluye la petición.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas