El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la “absoluta transparencia” de los criterios aprobados por el Gobierno para el reparto de menores migrantes no acompañados y ha advertido de que las comunidades autónomas que se nieguen a acogerlos afrontarán “consecuencias legales”.
En declaraciones a los medios, Bolaños explicó que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece parámetros “objetivos, claros y transparentes” que buscan aliviar la presión de territorios como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía o Baleares, donde la llegada de menores supera la capacidad de acogida.
Según los criterios fijados, cuando una comunidad triplique la ratio de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, se activa la derivación a otras autonomías. Además, se tendrán en cuenta factores como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.
Este jueves entra en vigor el decreto, que fija la capacidad de acogida de cada región y activa la llamada solidaridad obligatoria, reclamada por Canarias. En un año se derivará a unos 3.000 menores desde las zonas más tensionadas, y a partir de septiembre, los recién llegados a esos territorios serán trasladados en un plazo máximo de 15 días.
Con datos provisionales, las comunidades que más menores deben recibir son Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). Les siguen Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Región de Murcia (133), Navarra (188) e Islas Baleares (49). Por el esfuerzo de acogida previo, País Vasco y Cataluña quedan excluidas, aunque la Generalitat catalana anunció su disposición a acoger al menos a 31.
Torres: “Si no se cumple, intervendrán las fuerzas de seguridad”
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mostró su confianza en que ninguna autonomía bloquee el reparto, pero advirtió de que, si ocurre, “tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir la legislación”.
Torres recordó que ya existe una partida económica inicial de 100 millones de euros para reforzar los recursos de acogida y subrayó que el Gobierno ha financiado a las comunidades en años anteriores mediante conferencias sectoriales.
El titular de Política Territorial calificó de “lamentables” las críticas de la presidenta balear, Marga Prohens, al decreto, recordándole que su comunidad podría alcanzar contingencia migratoria y acogerse obligatoriamente al reparto.
Canarias reclama apoyo
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistió en la necesidad de solidaridad, al triplicar el Archipiélago la ratio de menores acogidos. Recordó que atender a 4.000 jóvenes no debería suponer un problema en un país con 49 millones de habitantes y apeló a la humanidad de las comunidades con menor presión.
Recursos en los tribunales
Once comunidades autónomas, diez de ellas del PP y también Castilla-La Mancha, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo contra el decreto. El Gobierno sostiene que no prosperarán, al considerar que la norma responde a un reparto justo y transparente.
El propio Clavijo señaló que tanto el Constitucional como el Supremo han defendido en ocasiones anteriores la prioridad de proteger a los menores y han reconocido que se trata de una competencia compartida entre comunidades autónomas y el Estado.
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