El personal de la empresa pública GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias) comenzó ayer una huelga indefinida por la intención del Gobierno de Canarias de dividir los servicios esenciales, y alertan de que esta decisión “compromete la continuidad, la seguridad y la eficacia del dispositivo”, por lo que instaron a garantizar la estabilidad y la calidad del servicio ante el deterioro que los trabajadores y trabajadoras aseguran se generará en la gestión y el riesgo de fallos en la coordinación.
La empresa GSC gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes 1-1-2), el Transporte Sanitario no Urgente (TSNU) y además es la encargada del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, por encomienda del Instituto Canario de Igualdad.
El presidente del comité de empresa, Andrés Hernández, confirmó que se “mantendrá la huelga indefinida” y está pendiente de una reunión para decidir las acciones que van a tomar. Hoy registrarán la impugnación de los servicios mínimos del 100%, un documento elaborado durante la jornada de ayer tras conocer el pasado viernes la orden enviada por el Gobierno de Canarias en la que se requería la prestación de servicios de todo el personal de las oficinas administrativas adscritas a las salas operativas del Cecoes 112, y garantizar la asistencia técnica y el funcionamiento de los medios informáticos y telemáticos de las salas. “Vamos a impugnar estos abusivos servicios mínimos”, recalcó.
El presidente del Comité de empresa del 1-1-2 en Tenerife, Lorenzo Galindo, explicó que “la propia empresa está demostrando y diciéndole a la ciudadanía que el 112 trabaja bajo mínimos todos los días del año”. La comunicación de los servicios mínimos ha llegado el viernes sin el margen de maniobra para poderlos analizar. Además denunciaron que si el 100% de la plantilla debe acudir a su puesto de trabajo “nos vacían de contenido el arma más poderosa de los trabajadores para ejercer presión y sentarnos a negociar”.
Los miembros de comité de huelga del GSC se reunieron ayer en Las Palmas de Gran Canaria con la consejera de Sanidad, Esther Monzón; el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, varios viceconsejeros y directores generales, como el del Servicio Canario de la Salud (SCS), sin lograr ningún acercamiento.
Mejor servicio
La consejera de Sanidad confirmó a los trabajadores de manera implícita que la separación del personal “está ya estaba en marcha” y que el Ejecutivo regional “no tenía intención de pararlo”. Argumentó que esta decisión es “una encomienda de Presidencia del Gobierno de Canarias a las consejerías para que procedan a la separación del personal de la empresa pública GSC”. También aseguró que “será un procedimiento abierto, transparente y, por supuesto, compartido con ellos y con acuerdos comunes entre ambas consejerías”.
Por su parte, Manuel Miranda señaló que “queremos reestructurar y potenciar el sistema de emergencia y que esté encuadrada en una empresa pública dependiente de la Consejería de Política Territorial que tiene encargada las emergencias en el ámbito del Gobierno de Canarias y simplemente lo que tratamos es de mejorar el servicio”.
Mientras que los trabajadores exigieron al Gobierno de Canarias la “paralización de cualquier operación de separación” de estos servicios y mantener el actual “modelo integrado de coordinación”, así como dotar de recursos económicos necesarios y dotar de medios humanos y técnicos a las distintas áreas del GSC, en especial el SUC y el Cecoes 1-1-2, así como la renovación de los directivos responsables del deterioro de la gestión. También hay reivindicaciones relacionadas con incumplimientos laborales, como cambios de cuadrantes, turnos sin cubrir, falta de publicación de horarios, vulneración de derechos tras conflicto colectivo y aprobados por las consejerías y el Consejo regional, y contrataciones irregulares al margen de las listas de reserva.
Los representantes de los trabajadores lamentaron que por parte del Gobierno “no ha habido un atisbo de replantearse la separación del servicio”. “La sensación ha sido mala, han dado poca información, ha sido una decisión tomada a nivel político para potenciar el nuevo sistema de emergencias”.
El próximo 11 de septiembre las partes se citaron en una nueva reunión en la que el Gobierno entregará el informe técnico que avalaría la separación de los servicios, que está bien regulada y que no tendrá repercusión en la población. También se concretarán las condiciones del personal que será acogido en la empresa pública Gesplan (dependiente de Política Territorial) y el que se quedará en GSC (de Sanidad).
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