El convenio colectivo del comercio de la pequeña y mediana empresa (pyme) de la provincia de Las Palmas equivale a cuatro en la de Santa Cruz de Tenerife. El único que está caducado en las islas occidentales es el del sector de la alimentación. En ambos casos, los sindicatos echan humo. La situación está que arde. A la vuelta del verano aguarda un otoño caliente. Los representantes de los trabajadores han elaborado un calendario de movilizaciones para retomar las protestas en septiembre. La UGT constituyó este lunes el comité de huelga, que coordina Juan Antonio Marrero Delgado. El secretario insular de Comercio de Tenerife denuncia un “bloqueo” por parte de la patronal: “Solo le interesa abordar el punto de la incapacidad temporal, las bajas, y no podemos avanzar en la actualización del convenio.
Estamos dispuestos a hablar de la IT, pero no a cualquier precio”. Por lo demás, UGT propone una subida salarial del 3% hasta 2028 y que haya “una clara diferenciación” en los sueldos por categoría profesional. “Sin trampas”, exclama Marrero en referencia a “la compensación y la absorción” (mecanismos legales que permiten a las empresas ajustar los ingresos para eludir duplicidades en la percepción).
El convenio se aplica a “las empresas clasificadas a la actividad mixta de comercio de alimentación, en establecimientos que tengan la configuración de supermercados, detallistas, superservicios, autoservicios, a los importadores, mayoristas, minoristas y distribuidores de alimentos y productos de consumo”. Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, “la compensación y absorción opera en aquellos conceptos salariales que sean homogéneos”. A efectos del cómputo del salario anual, “quedan excluidos los complementos de plus de frío y nocturnidad”. Las retribuciones básicas “se abonan en doce pagas mensuales y dos extraordinarias, proporcionales a la antigüedad, abonables el 15 de julio y el 15 de diciembre”, sin menoscabo de un prorrateo por mutuo acuerdo.
La jornada anual es de 1.795 horas de trabajo efectivo. No obstante, “se pacta expresamente la distribución irregular para facilitar la apertura y actividad de los establecimientos”. Se fomentará que la jornada laboral sea continuada al objeto de “favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, salvo que las circunstancias productivas o las necesidades organizativas no lo permitan”. El descanso semanal efectivo es de dos días.
Los trabajadores con una incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente laboral, “debidamente acreditada por la Seguridad Social o mutua colaboradora”, tendrán derecho a que se les complemente las prestaciones correspondientes hasta el 100% de sus retribuciones mensuales, a partir de la fecha de la baja, en algunos supuestos.
Desde CC.OO. preparan la convocatoria de un paro general para el 28 de noviembre. “La negociación se encuentra estancada”, resume Francisco Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Canarias. “La patronal no quiere afrontar los incrementos salariales, con la cesta de la compra más cara de toda España”. Ya en julio hubo concentraciones en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife contra “una precariedad inasumible”. A las organizaciones sindicales no les parece de recibo que “el 80% de los empleados del comercio” cobren el salario mínimo.
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