El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona comunicó hoy a las partes el sobreseimiento y archivo de la querella, presentada por un fondo de inversión británico contra el principal accionista del CD Tenerife, José Miguel Garrido, según ha podido confirmar DIARIO DE AVISOS, en fuentes próximas al despacho británico que interpuso al querella criminal.
En los últimos días del mes de julio, tras alcanzarse un acuerdo con José Miguel Garrido, quien también reside en Londres, se pactó la devolución de las cantidades reclamadas en distintos plazos. Tras esta negociación, los querellantes solicitaron a la juez que instruía la investigación, el archivo de la misma, trasladando una certificación de dicho acuerdo privado entre las partes. En este proceso judicial, también se habían personado los accionistas del club blanquiazul: Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González Bacallado. Esta acción queda sin efecto tras el auto firmado por la juez el pasado viernes 28 de septiembre.
Presunta estafa y falsificación de documentos
La denuncia, adelantada en exclusiva por DIARIO DE AVISOS, apuntaba a la presunta comisión de delitos de estafa y falsificación de documentos públicos, vinculados con una operación de compraventa de acciones del club.
El origen del conflicto se remonta a la venta del 10% de las acciones del CD Tenerife por un valor de 3,5 millones de euros, de los cuales el inversor británico abonó un millón como adelanto. El acuerdo incluía la obligación de constituir una garantía pignoraticia sobre 10.388 acciones, condición que nunca llegó a cumplirse de forma válida.
Según la querella, Garrido entregó posteriormente un documento que aparentaba ser una escritura notarial de prenda, pero que carecía de número de protocolo y no había sido firmado por el notario, pese a que se le atribuía su intervención. El texto lo firmó únicamente el propio Garrido, lo que hacía sospechar de una “grosera falsificación”, en palabras del denunciante.
DIARIO DE AVISOS pudo confirmar con el propio inversor afectado, quien interponía la citada querella criminal, que la venta pactada del diez por ciento de las acciones de la entidad requirió, como condición indispensable, la sindicación de este paquete de acciones en favor del propio José Miguel Garrido, a los efectos de que este pudiese seguir manteniendo el control en la gestión del club tinerfeño.
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