Como ocurre con otros avances de la investigación y la sanidad, la lucha contra el radón, un gas radiactivo de origen natural, es relativamente reciente, tal y como ocurre con materiales como las planchas de uralita y sus peligrosas partículas. En 2022, el Gobierno central aprobó un real decreto que da como resultado, a principios de 2024, un plan nacional para minimizar los efectos de este producto incoloro, inodoro e insípido que se forma por la descomposición del uranio en el suelo, rocas y agua subterránea.
Sin embargo, y tras analizar desde el Estado un importante número de ciudades, las comunidades aún tienen de plazo hasta mayo de 2026 para elaborar sus propios mapas, que, en el caso de Canarias, el Gobierno regional quiere que incluya a los 88 municipios para poder recomendar medidas a las administraciones y a los particulares con la información más precisa posible ante un peligro real porque, de hecho, este gas se acumula a veces en interiores poco ventilados y la inhalación prolongada de sus partículas radiactivas puede generar cáncer de pulmón. Hasta tal punto, que representa la segunda causa de esa enfermedad a escala mundial tras el tabaco.
El director de Salud Pública, José Díaz Flores, en una larga charla con DIARIO DE AVISOS, detalla las intenciones del Ejecutivo respecto a una cuestión que, según recalca, “no preocupa, pero sí ocupa” a la Comunidad. Para empezar, porque el Gobierno discrepó del estudio inicial hecho por el Estado sobre las cuatro ciudades de mayor población de Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde), al entender que daba unos resultados poco certeros y fiables. Es más, el análisis regional posterior, según remarca, “demostró que esos cuatro territorios, en los que el Estado afirmaba que la afección era alta o generalizada, en realidad están libres en una media del 80%”.
Por esto y porque el Ejecutivo regional ha optado por un mapeo completo de todo el Archipiélago, se está trabajando en las ocho islas y se dispondrá de datos de los 88 municipios canarios. Eso sí, los estudios se efectúan de octubre a mayo porque, durante los meses de verano y por el calor, las mediciones se dificultan o distorsionan al usarse más la ventilación artificial. No obstante, ya se está en la etapa casi final y la intención pasa por completar ese mapa en mayo de 2026, “dentro de los plazos del Plan Nacional”, subraya Díaz Flores.
El responsable de Salud Pública indica que el mapa inicial del Consejo de Seguridad Nuclear no contemplaba, al menos en el caso de esas ciudades principales de las Islas, muestras exhaustivas y de ahí que el Gobierno regional optase por un análisis mucho más en profundidad y fiable. Desde 2023, y en colaboración con otros departamentos o centros directivos con competencias, como la dirección general de Trabajo, el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) o la viceconsejería de Infraestructuras, se han centrado en las mediciones. “Desde ese año, estamos elaborando un mapa que tiene varias partes, como la laboral, ya que el riesgo del radón se debe, primero, al terreno, sobre todo los que tienen rocas ígneas o metamórficas, como el granito o pizarra, que facilitan que este gas se filtre y salga. Otro riesgo radica en las características constructivas de los edificios y, a su vez, la parte más del usuario: si se ventila, si no, si se trabaja en un subsuelo, si se fuma, que es muy perjudicial con el radón…”.
Por ese motivo, en la parte laboral se están haciendo mediciones en centros de trabajo como los consultorios médicos en determinadas zonas de las Islas, “así como en todos los municipios para que no nos pase como con esas cuatro principales ciudades, ya que la afección se sitúa en torno al 20% y no era tan generalizada como se planteaba en el primer análisis, publicado justamente este año. Por ejemplo, hay zonas puntuales en La Laguna, Anaga y de Santa Cruz, pero el 80% de esas localidades está libre de radón, al menos no superan el límite establecido de 300 bequerelios por metro cúbico (Bq/m³), que es cuando se considera ya un nivel alarmante porque puede comenzar a subir el gas. De hecho, ya nos hemos dirigido al Consejo de Seguridad Nuclear para decirles que nuestras mediciones nos dan otros datos y nos han pedido, justamente la semana pasada, que les pasemos el modelo y método que usamos para elaborarlas, si bien todos han de ser homologados y existe una ISO (estándar internacional de seguridad, calidad y eficiencia). Confiamos en que el Ministerio acepte y valide nuestro mapa y, a partir de él, hay que tomar medidas de ventilación, constructivas o de difusión de la información”.
PLANTAS BAJAS
En este sentido, insiste en que el mapa resulta clave para las actuaciones, tanto en edificios públicos como privados, así como en lo relativo a la ventilación, principalmente de plantas bajas o subterráneos. Además, pone mucho énfasis en la información a la población para que, sin crear ningún tipo de alarma, que se sepa bien dónde, por qué y cómo hay que actuar cuando las mediciones estén por encima de lo recomendable. “Esperamos, pues, que el Ministerio modifique su mapa si nos validan el nuestro, aunque, en paralelo, estamos interviniendo en la parte laboral para los trabajadores que operan en plantas bajas o subsuelo (a partir de la segunda, el radón ya no suele llegar o desaparece, al ser un gas más pesado que el aire). En los casos de riesgo, se aplicarán acciones de ventilación forzada, cambio de ubicación del personal y medidas de edificación en las nuevas construcciones a levantar para minimizar la posible afección, como la impermeablización del subsuelo. Además, tendrems que crear zonas de actuación prioritarias”.
Según recalca, el nuevo mapa resulta crucial para evitar, por ejemplo, que a un municipio con pocas zonas con radón se le exija medidas innecesarias, “pues claro que eleva los costes”. El Gobierno está midiendo en edificios públicos de su propiedad, pero también en viviendas particulares, así como colaborando con los ayuntamientos. Preguntado sobre si la situación le preocupa o sobre si se necesitará mucho dinero para actuar como se debe, insiste en que “estamos ahora ocupados en las mediciones y en ver luego qué inversiones se necesitan. Si se confirma ese 80% del territorio libre, como ocurre en las grandes ciudades analizadas, será más fácil afrontarlo. No obstante, creo que una de las claves radica en la comunicación porque habrá que informar bien sobre cuál es la situación de cada localidad, pero sin alarmar, pues este gas ha estado siempre, si bien es verdad que ahora somos más conscientes de sus riesgos por la evolución de la ciencia”.
Regiones más afectadas y cinco muertes por cada 100.000 canarios en el año 2017
El plan nacional surge por una directiva europea de 2013 que insta a los Estados de la UE a tomar medidas ante el radón tras ir comprobándose sus efectos en el humano, sobre todo al causar cáncer de pulmón. En 2022, se aprueba en España un real decreto que establece un reglamento de protección de la salud ante los riesgos de la exposición ionizante y, a partir de ahí, se decide elaborar un plan estatal que, finalmente, se aprueba en enero de 2024, con unos ejes de desarrollo y objetivos específicos. Como primer paso, se optó por elaborar un mapa con poblaciones de actuación prioritaria, como las cuatro ciudades más grandes de Canarias, a cargo del Consejo de Seguridad Nuclear.
Díaz Flores (foto) subraya que hay comunidades que, por las características de su suelo, tienen más problemas con este gas, tal y como le ocurre a Galicia. “De hecho, ahí la situación resulta gravísima, han hecho una investigación profunda y tomado medidas. Canarias está cumpliendo los plazos, nos reunimos cada tres o cuatro meses, también nos vemos con el Ministerio de Sanidad y con el Consejo de Seguridad Nuclear para actualizar el mapeo”. En cuanto a la comunicación, remarca la necesidad de explicarle bien a los fumadores sus riesgos, “pues aumentan de forma exponencial con este gas y prevemos hacer una publicación en redes sociales”. Además, y sobre las estadísticas, indica que el último estudio sobre los efectos por el radón en España se elaboró en 2017 y fijó el 3,8% de cáncer de pulmón por este elemento, mientras que Canarias contaba cinco muertes por cada 100.000 habitantes, “aunque creo que conviene ya actualizar estos datos”.
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