El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, con los votos a favor del equipo de gobierno municipal (CC y PP) y del edil no adscrito, Juan Manuel Hermoso, la modificación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basura municipal, que, a partir del 1 de enero de 2026, se incrementará en un 50%. Este aumento se traduce en que de los 70 euros que pagan ahora los ciudadanos, se elevará de media hasta los 105 y los 150 euros, en función del valor catastral de la vivienda, del número de residentes en la misma y el reciclaje que cada vecino genere en los llamados contenedores marrones.
A pesar del intento del concejal de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, de reiterar durante la celebración del pleno extraordinario que dicho incremento en la tasa de basura ha sido “impuesto” a todos los ayuntamientos de España por el Gobierno de Pedro Sánchez, la sorpresa llegó cuando el grupo municipal socialista votó en contra de esta medida, al igual que Vox, a pesar de que ha sido impulsada por el mismo partido a nivel nacional.
La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, justificó el voto en contra en que la modificación de la ordenanza propuesta por el Ayuntamiento “no fomenta el reciclaje, como establece la ley, sino que no reporta mejoras para los ciudadanos y castiga, además, a los que no separan residuos, creando un desajuste en las bonificaciones del 10% anunciadas para aquellos que usen el contenedor marrón, los cuales no se han implantado aún en Ofra, el Suroeste y Anaga”.
Hernández señaló que “el Ayuntamiento no ha hecho los cálculos bien y no hay un reparto justo de las cargas y de la contaminación, pues no tiene sentido que una familia de tres miembros tenga que pagar unos 111 euros, mientras que un restaurante con 50 mesas deberá abonar 147 euros”. En opinión del PSOE “parte de los residuos deberían sufragarlos los productores de envases, nos los vecinos”.
En la misma línea se pronunció el grupo Vox, cuyo portavoz, Alejandro Gómez, rechazó la subida de la tasa de basura aprobada por el Consistorio, la cual tildó de “injusta, ideológica y perjudicial para los vecinos, autónomos y comerciantes del municipio”. Por ello, calificó la ordenanza como “producto del fanatismo climático que nada aporta al medio ambiente y sí castiga al ciudadano”.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, reiteró que “el Ayuntamiento rechaza rotundamente la nueva tasa impuesta por el Gobierno de Sánchez, pues supone una mayor carga económica para los vecinos. No es justo pedir más esfuerzo a las familias en un momento en que muchas ya afrontan dificultades para llegar a fin de mes. Por ello, haré todo lo posible para que se sepa que el culpable de este incremento es el PSOE, así tenga que contárselo a los vecinos uno por uno”.
Bermúdez dijo que “el Gobierno, para cumplir la normativa europea, ha escogido el camino más fácil y ha decidido, a pesar del rechazo de los 8.000 ayuntamientos de todo el país, que sean los ciudadanos los que paguen más pero los consistorios los que tengan que dar la cara ante una norma mal diseñada que genera desigualdad y malestar”, sentenció.
En este sentido, el edil de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, criticó el voto en contra del PSOE a una medida que “ha impuesto su mismo partido en el Gobierno de España. El rechazo socialista roza el ridículo cuando es algo que debemos aplicar porque nos obliga el propio PSOE, pero su portavoz en este municipio, Patricia Hernández, se inventa excusas sin sentido para rechazarla”.
Mientras, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, tildó de “bochornoso que aquí el PSOE vote en contra de una medida impuesta por su propio partido a nivel estatal. El Estado debería haber aprobado una moratoria para que los ayuntamientos pudieran adaptarse y contar con recursos que gravasen menos a los ciudadanos”.
En el pleno se aprobaron las modificaciones de las ordenanzas del IBI y de Gestión, Inspección y Recaudación, así como la de integración del IMAS en entidad matriz del Ayuntamiento para que los recursos lleguen directamente a los usuarios. Al respecto, el PSOE cargó contra la edil del área, Charín González, a quien culpó de “cargarse el servicio. Es un cambio que han reclamado sus trabajadores”. El alcalde tildó de “falso” que la integración del IMAS responda a los empleados, pues “la propia concejala ha sido la impulsora de este proceso”.
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