El Congreso de los Diputados rechazó este martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular para poner fin al blindaje legal de la tauromaquia como patrimonio cultural. La propuesta, respaldada con más de 715.000 firmas, había sido impulsada por la plataforma No es mi cultura, que agrupa a unas 200 colectivos animalistas.
Cabe recordar que Canarias fue la primera comunidad autónoma española en prohibir las corridas de toros, a través de la Ley de Protección de los Animales de 1991, que vetó los espectáculos sangrientos con animales.
El artículo 3 de la mencionada norma en las Islas exime de las restricciones estipuladas en su texto “a los animales salvajes cautivos o a los criados con la finalidad de ser devueltos al medio natural”, salvo las peleas de gallos (exceptuadas expresamente en la ley por su arraigo tradicional en el Archipiélago).
El diputado Miguel Cabrera Pérez Camacho, entonces parlamentario de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) y promotor de la ley, recordaba que, en el momento de su aprobación, “hacía más de diez años que no se celebraban corridas en las Islas”, lo que confirmaba la escasa tradición taurina en el territorio.
Sin embargo, la ley isleña tiene una excepción: permite las peleas de gallos “en aquellas localidades en que tradicionalmente se hayan venido celebrando”, siempre que se cumplan requisitos reglamentarios. Partidos políticos como Nueva Canarias han propuesto una regulación europea para que se celebren más espectáculos de este tipo.
La última corrida en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife
La última corrida que tuvo lugar en Canarias se lidió siete años antes de esa ley: el 7 de enero de 1984, en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, que lleva casi 30 años a la espera de conocer su futuro.
No obstante, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, la concejala de Urbanismo, Zaida González explicó que “la intención es asumir la tramitación del nuevo Plan Especial del Barrio de los Hoteles, donde se engloba la plaza de Toros, con el objetivo de poder ampliar los nuevos usos de esta infraestructura, que se encuentra ahora limitada al ámbito deportivo, según establece el PGO de 1992, que es el vigente”.
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