La antigua empleada de una cadena de alimentación en Tenerife ha aceptado la pena de seis meses de prisión y devolución a la empresa de casi 21.000 euros de los que se apropió.
La procesada seguirá en libertad a condición de que no cometa un delito durante tres años y pague la indemnización.
En principio, la Fiscalía pedía 7 años de cárcel pero accedió a rebajarla una vez que la procesada admitió su culpa.
La trabajadora prestaba sus servicios como agente comercial para la entidad y para tales fines se le proporcionaba un vehículo con una tarjeta de gasolina, un móvil, una tablet y un catálogo de productos.
Según el Ministerio Público, la encausada aprovechando sus funciones comerciales actuaba con distintos clientes a los que cobraba los suministros que les proporcionaba en nombre de la entidad, a la que no llegaban los pagos.
En un momento dado el departamento de contabilidad detectó una serie de facturas y albaranes que aparecían como abonados cuando en realidad no constaba ni su cobro ni tampoco su ingreso en las cuentas de la empresa.
Las gestiones siempre corrieron a cargo de la acusada por lo que se le notificó la incidencia con el listado de las facturas no contabilizadas, para cuyo cálculo se utilizó un programa informático que identificó a la procesada.
Tras hacer las correspondientes comprobaciones se fijó en casi 21.300 euros las cantidades que aparecían como “pagadas” pero que la procesada habría hecho suyas.
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