El Ayuntamiento de Santa Cruz se ha sublevado contra la imposición del Estado que obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Medidas en las que viene trabajando el Consistorio, en base a políticas de control y restricción del tráfico en la zona centro de la ciudad , con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono.
A raíz de una moción de Vox, transaccionada con el equipo de gobierno (CC y PP), el Pleno municipal respaldó ayer, con el voto en contra del PSOE, solicitar al Gobierno de España la derogación del artículo 14.3 de la ley de Cambio Climático, por la cual la ZBE tenía que estar en marcha en 2023 pero, ante la complejidad normativa que conlleva para los municipios, su entrada en vigor se ha visto aplazada hasta 2026.
El acuerdo se centra en que “las Zonas de Bajas Emisiones no ofrecen una solución adecuada ni realista para ciudades con particularidades urbanas, sociales y económicas, como Santa Cruz, y que su aplicación responde a un mandato legal impulsado por el Gobierno central, sin tener en cuenta las especificidades territoriales ni las necesidades reales de los municipios afectados”.
En este sentido, el Consistorio reclamará al Estado suprimir el artículo 143 de la citada ley, así como a reconocer expresamente la autonomía municipal para diseñar modelos de movilidad acorde a la estructura urbana de cada ciudad, evitando imposiciones uniformes y permitiendo que Santa Cruz implante soluciones consensuadas, técnicamente justificadas y equilibradas, que protejan al mismo tiempo la salud, la actividad económica y el derecho a la movilidad”.
El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, afirmó que “los tiempos y las dinámicas de la ZBE solo coartan la libertad de los vecinos y empobrecen a los comerciantes con un modelo impuesto desde Bruselas, aplicado en España, que genera restricciones a la movilidad y perjudica a familias y trabajadores, al dificultar desplazamientos y castigar a quienes no pueden renovar su vehículo”.
Mientras, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, añadió que “hay que avanzar en políticas de movilidad sostenible, y en ese sentido no estamos en contra de la ley, sino de la imposición del PSOE y la amenaza de que si no cumplimos nos castigará quitando la bonificación al transporte público. Es una normativa caótica y se ha demostrado su fracaso, pues de los nueve municipios canarios obligados a implantar la ZBE, solo el de Santa Cruz es el más adelantado”.
Al respecto, el regidor, José Manuel Bermúdez, subrayó que “la ciudad ha cumplido con el Pacto de los Alcaldes para reducir las emisiones, que llegarán al 30% menos en 2030. No obstante, la obligatoriedad impuesta con la ZBE, junto a las sanciones aparejadas si no se cumple, es donde no estamos de acuerdo, por lo que pedimos al Estado que modifique un artículo que no tiene sentido y no ofrece una solución realista para la ciudad”.
Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, criticó “el cambio de opinión” de CC y PP respecto a la ZBE, y recordó que “en el Congreso ambos partidos apoyaron la normativa que ahora aquí rechazan, todo porque la concejala de Movilidad la ha convertido en un desastre a través de ordenanzas que han tumbado los tribunales y por una pésima gestión al frente de este área”.
Mientras, el portavoz del PP, Carlos Tarife, insistió en que “la ley nació como voluntad pero el Gobierno de Pedro Sánchez la convirtió en imposición y ello ha hecho que sea recurrida donde se ha llevado a cabo”.
El Pleno, en una sesión marcada por la aprobación de todas las mociones y expedientes presentados, también aprobó el convenio interadministrativo entre Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Cabildo y Gobierno de Canarias por el que, con una inversión de 80 millones, se ejecutarán las obras del edificio Puerto-Ciudad, en el Muelle de Enlace, donde irá una estación de cruceros y ferries, zona comercial, restauración y paseos peatonales en cubierta.
Políticas sociales
Asimismo, se dio luz verde al convenio por el que se construirá en suelo municipal 263 viviendas sociales, por 41,7 millones, en María Jiménez y Cuevas Blancas. También salió adelante, por unanimidad, el convenio entre Ayuntamiento e IASS para el Servicio de Permanencia en el Hogar para Personas Mayores, y, con la abstención del PSOE, se logró el respaldo a la integración del IMAS en entidad matriz del Ayuntamiento, así como la derogación de la ordenanza para que, a partir de enero, las escuelas infantiles municipales sean gratuitas.
Igualmente, y con motivo del Día Internacional de la Infancia, se respaldó por unanimidad la moción en defensa de los derechos de los menores y su protección y bienestar; otra basada en seguir trabajando, junto al Cabildo, en actuaciones para minimizar los riesgos en zonas con posibilidad de inundación en caso de lluvias; o la de dar impulso a actuaciones que lleven a declarar al Carnaval como Patrimonio Intangible de la Humanidad, en base a equipos de trabajos que investiguen su historia y que lleven a crear una cátedra universitaria específica.
Además, a instancias de PSOE, se aprobó modificar las bases lanzadas por la Sociedad de Desarrollo para llevar a cabo la iniciativa Creadores Canarios por el comercio local, donde el Consistorio asumirá el coste de la producción de materiales, mantenimiento, reposición e instalación de las obras seleccionadas para dinamizar, a través del arte, la zona comercial de la Rambla y Salamanca.
Igualmente, se dio el visto bueno al calendario de descanso semanal del taxi para 2026, por lo que cada letra de licencia dispondrá de 46 días al año, más 47 días de libre ejercicio.
Vox rechaza la moción contra el maltrato ante las lágrimas de Zaida González
El Ayuntamiento aprobó ayer, con el rechazo de Vox, una moción de CC, PP y PSOE con motivo del 25-N para erradicar la violencia contra la mujer, en la que se recordó a las 1.330 víctimas contabilizadas desde 2003.
Vox dijo no apoyar “una moción ideológica, donde se destina dinero a acciones que no atajan el problema”, algo que indignó a la concejala del Partido Popular, Zaida González, que, entre lágrimas, nombró a cada una de las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año y acusó a Vox de criticar sin ofrecer medidas.
Apoyo para que una calle lleve el nombre de la política Corina Machado
Una calle de Santa Cruz llevará el nombre de Corina Machado, que el 10 de diciembre recibirá el Premio Nobel de la Paz por su aportación a la defensa de los derechos humanos y su contribución en la promoción de la libertad y la democracia en Venezuela.
La moción, defendida por el concejal no adscrito, Juan Manuel Hermoso, logró el respaldo unánime de los grupos y el aplauso de muchos venezolanos presentes en el pleno municipal, que acordó iniciar el expediente de Distinciones y Honores para la líder política venezolana.
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