El Istac cifró en 160.700 las personas que tienen algún tipo de expediente activo de discapacidad en 2023, aunque en los últimos meses se ha agilizado el acceso a derechos y prestaciones. En España, 4.380.000 personas tenían alguna discapacidad en 2020. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Canarias reclama reforzar sus derechos, inclusión y bienestar.
El secretario de Cermi Canarias, Miguel Ángel Déniz, lamentó que “la accesibilidad universal sigue siendo una asignatura pendiente para la discapacidad en Canarias”. Recordó que la ley data de 1995, “y el mundo ha cambiado mucho, por tanto necesitamos que se apruebe una ley canaria acorde a los tiempos” que permita acceder a todos los bienes, productos, entornos y servicios.
También destacó la necesidad de “seguir avanzando en la rapidez en la valoración de la discapacidad”. Todavía hay muchas personas que “están fuera del sistema porque no se hace una valoración lo suficientemente rápida y no se otorga el grado de discapacidad”, y aunque con el nuevo decreto se está avanzando “seguimos teniendo gente con dos años o más esperando”, sobre todo en las islas capitalinas “hay un cuello de botella importante”.
Para Déniz, la “sociedad tiene mucho que avanzar, pero es la administración pública la que tiene que dar ejemplo”, aboga por “trabajar codo a codo con todas las administraciones” y denuncia que el colectivo “se encuentra con la brecha digital debido a que las administraciones piden tramitar procedimientos por web o entornos no accesibles”.
También demandó mayor financiación y que llegue a las entidades, y pidió “una ley de tercer sector que dé garantías para desarrollar los proyectos”.
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