La representante de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva en la isla de La Gomera Guacimara Navarro García exigió ayer a los diputados y diputadas del Parlamento autonómico que las escuelas, especialmente en las islas periféricas, sean inclusivas, de manera que los niños y niñas con dificultades o discapacidad no sean segregados y trasladados fuera de sus localidades.
Navarro manifestó su denuncia durante su comparecencia en la Comisión de Educación de la Cámara regional, donde aprovechó para reclamar a los parlamentarios que también hagan su trabajo a la hora de buscar la forma de tener a los niños y niñas con necesidades especiales en sus colegios, y que no tengan que desarraigarse y recorrer decenas de kilómetros diarios a otras poblaciones o incluso cambiarse de isla para acceder a un centro educativo inclusivo.
La activista en cuestión no dudó a la hora de pedir que “las islas menos pobladas no se situén a la cola a la hora de que se cumpla la ley, que garantiza nuestro derecho a elegir centro”, indicó la representante de la plataforma, y reclamó que las islas menores sean laboratorios de proyectos educativos por delante de las más pobladas.
Curiosamente, la defensa de los derechos de los canarios residentes en las islas menos pobladas es actualmente uno de las principales promesas públicas de acción politica del principal partido del gobierno del Archipiélago como es Coalición Canaria.
En el caso de La Gomera, los centros educativos son pequeños en su mayoría, y cuando aparece un niño o niña con necesidades de apoyo significativo “la respuesta es derivar” a la capital de la Isla, protestó Guacimara Navarro.
La denuncia de la activista se cargó particularmente de razón cuando expuso con nitidez que una cosa es lo que se fija en la legislación y otra distinta la realidad. “La ley dice que como madre tengo derecho a escolarizar a mi hijo en el centro que yo decida, pero la realidad es que se desplaza al alumnado a otros centros, lo que genera segregación y desarraigo”, expuso.
“Estigmatización”
Navarro puso de ejemplo el caso de su hijo, que ya está fuera del sistema educativo, en el que ha estado “estigmatizado y segregado” por tener necesidades educativas especiales y ser su familia de una zona rural, Chipude, y “tener que desplazarse cada día 37 kilómetros en taxi para ir y 37 kilómetros para volver”, en vez de ir al centro educativo de primaria a 1,5 kilómetros de su casa.
Para Guacimara Navarro, si en las escuelas unitarias están juntos los alumnos de infantil y primaria, también deberían estar con los apoyos necesarios los alumnos con necesidades educativas significativas.
“Hay alumnos con necesidades educativas más allá de Santa Cruz y de Las Palmas”, reivindicó aludiendo a las dos capitales de la Comunidad Autónoma Canaria, y se preguntó por qué la administración permite que el alumnado con necesidades educativas especiales “se derive sistemáticamente a aulas Enclave”, cuando “los recursos deben estar en las aulas ordinarias”.
Las aulas Enclave “están siendo una involución”, la gestión y ubicación física de estas aulas segregan al alumnado del resto del grupo, es necesario otro modelo educativo inclusivo para los niños y niñas con necesidades educativas, concluyó.
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