Con miedo, amenazados, intimidados, sufriendo burlas…, así se sienten diariamente miles de menores cuando acuden a su colegio. La culpa la tiene el denominado bullying o acoso escolar, un problema que afectaría a más del 10% de los niños y niñas en los institutos y colegios de las Islas, el mayor porcentaje del país, según el Informe PISA.
Hasta hace unos años la Administración educativa y la sociedad quitaban importancia a esta problemática con frases como “es cosa de niños”, pero las alarmas han saltado con el incremento de las denuncias y los suicidios consumados.
En lo que vamos de curso escolar, la Consejería de Educación informa de que ha activado en 47 ocasiones el protocolo de acoso en las aulas canarias, todas ellas se encuentran en fase de estudio, mientras en el mismo periodo del curso pasado, se activaron en 26 ocasiones, cinco menos que las 31 registradas en el curso anterior 2023-24.
En total, en el pasado curso 2024-25 se activó el protocolo en 186 ocasiones, y finalmente se confirmaron 34 casos de bullying; en el curso 2023-24 el número de solicitudes de activación de recursos antiacoso fue de 204, un descenso con respecto a los 343 del anterior 2022-23, mientras que el número de casos confirmados bajó de 36 a 29, según datos de la Consejería.
Esta ligera mejora estaría relacionada con la creación de la figura del coordinador para el bienestar y la protección del alumnado. La consejería amplió hasta el 19 de noviembre el plazo para que se puedan formular aportaciones al borrador del nuevo decreto de convivencia y bienestar en el que trabaja. La administración ha tenido que recular ante las peticiones de las familias, sindicatos y alumnos.
Recientemente, una de las impulsoras de la Plataforma de Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, afirmó que esta nueva norma requiere una elaboración “meditada y sin prisas” porque “debe dar herramientas para saber claramente a qué atenerse” cuando dentro del aula se dan problemas de acoso escolar o de “sanciones a comportamientos de niños que padecen algún tipo de trastorno que les empuja a salirse de las normas sin poder controlarlo”. Ve “totalmente ambiguo y no establece protocolos para dar respuesta” a estudiantes con necesidades especiales ni para atajar el acoso a esos alumnos o los LGTBI”.
El especialista Tanausú Hernández, que trabaja en la atención a menores víctimas de acoso en clase, denunció que desde que comenzó el curso hasta el pasado 27 de octubre había tenido que trabajar en 179 casos diferentes, “una cantidad exagerada para tan poco tiempo”.
Por último, familias de niños y niñas fallecidos por culpa del bullying se concentrarán hoy frente al Congreso para exigir la aprobación urgente de una Ley Integral contra el Acoso Escolar que garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros. Sus hijas e hijos fallecidos “se vieron desprotegidas por un sistema que silencia estos casos, que niega recursos y que normaliza el maltrato aceptando la reiteración como requisito para activar medidas de protección a las víctimas”.
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