Casi 7 millones para promover 93 proyectos de entidades sociales en Canarias

La Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración destinará 6,8 millones de euros a 83 entidades del tercer sector para desarrollar 93 proyectos orientados a la atención a personas migrantes, la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, la mejora de la convivencia en barrios y comunidades, así como la atención integral a personas sin hogar.

La directora general, Elisabet Santana, resaltó la importancia de estas subvenciones “que nos ayudan a vertebrar la atención a los colectivos más vulnerables a través de las entidades sociales”. “Con estas ayudas, no solo se busca atender situaciones de emergencia social, sino también promover procesos de inclusión duraderos y transformadores en los entornos locales”. Este tipo de convocatorias contribuyen a reforzar el trabajo coordinado entre la administración pública y las entidades sociales, lo que redunda en una mejor respuesta a las necesidades reales.

Las subvenciones permiten atender a hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza; con privación material y social severa; falta relativa de bienes, recursos o servicios.

Asimismo, ayudan a desarrollar programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social y, por ejemplo, impulsar programas que garanticen un acceso no discriminatorio para la práctica de actividades físico-deportivas, ocio y participación activa comunitaria, que sirvan para lograr un proceso de inclusión social e integral o la puesta en marcha de programas de alfabetización digital para la mejora de las competencias digitales y favorecer el desarrollo personal.

De igual modo, refuerzan el trabajo en los municipios y zonas rurales, especialmente las que cuentan con una alta dispersión, con programas y servicios que facilitan el acceso a recursos, la proximidad, el apoyo y acompañamiento social de las personas o grupos en situación de mayor desventaja social que, por sus circunstancias personales, socioeconómicas y ambientales, puedan derivar en riesgo de pobreza o exclusión social.