La formación Podemos Canarias estima que hasta 40.000 migrantes podrían beneficiarse del proceso de regularización impulsado ayer en el Consejo de Ministros al aprobarse el inicio de la tramitación de urgencia de un real decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, tras un pacto entre PSOE y Podemos.
De este modo, el procedimiento no tendrá que pasar para su definitiva aprobación por el Congreso, donde se encuentra varada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía regular este proceso, pero en todo caso tendrá que ser convalidado por el mismo posteriormente.
Sobre las consecuencias de tal norma, en cuanto a las especificidades que presenta el territorio canario, los beneficiarios más numerosos serían inmigrantes de origen hispanoamericano, la procedencia más habitual de los migrantes en situación irregular que se encuentran en el Archipiélago.
Sin embargo, respecto a estas cifras estimativas ofrecidas ayer en un comunmicado desde Podemos Canarias, otras fuentes, mucho más conservadoras, las reducen a unas 11.000 personas, dado que no todos están en situación irregular.
Según la formación morada, a corto plazo, la regularización permitirá que entre 27.000 y 29.000 personas se incorporen al mercado laboral formal, muchas de ellas en sectores clave que sufren falta de mano de obra como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción.
Sea como fuere, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró ayer en Agadir favorable a esta regularización al considerar que, una vez en el territorio, “no se les puede hacer más vulnerables”, aunque si bien lamentó que una iniciativa de este calado no se haya planteado “con diálogo político previo”.
El presidente canario insistió en que, una vez que estas personas han llegado, lo razonable es ofrecerles la oportunidad de desarrollar “un proyecto de vida digno” y de contribuir al progreso del país a través de su trabajo y sus cotizaciones.
En ese sentido, anticipó que su partido, Coalición Canaria, sería favorable a una regularización en esos términos, y apeló a la memoria histórica y a la humildad, al recordar el pasado migrante de, por ejemplo, la sociedad canaria y ha advertido de que en el futuro podrían ser “nuestros hijos o nuestros nietos” quienes se vean obligados a emigrar.
La medida, sin embargo, se ha topado con el previsible y total rechazo de la ultraderecha de Vox, que insiste en que aboga por la expulsión y alerta de una pretendida colonización cultural y religiosa (cuando la mayoría son católicos, y más con el peso de esta iglesia en América central y del Sur), pero también con la del PP.
El líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, criticó ayer en la red social X tal decisión al concebirla como una cortina de humo tras el accidente ferroviario en Córdoba y porque, a su juicio, producirá un “efecto llamada” y colapsará los servicios públicos, pese a que eso nunca ha ocurrido y tratarse de personas que ya residen en España y, en muchos casos, trabajan, pero sin los llamados “papeles”.
El rechazo del PP choca con su postura de 2024 frente a esta misma “regularización”, pues aprobó su tramitación en el Congreso, y, sobre todo, con las tres que aprobó Aznar, que dio “papeles” a unas 600.000 personas.
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