El sistema de transporte público de Canarias afrontará en 2026 un cambio de calado tras la aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados. La norma incorpora de forma expresa la gratuidad del transporte terrestre en el Archipiélago durante todo el próximo año, una medida que el Ejecutivo autonómico considera clave para consolidar un modelo de movilidad más justo y adaptado a la realidad insular.
El texto legal, a través de su disposición adicional 43, reconoce la singularidad de Canarias y asegura la financiación estatal necesaria para aplicar una bonificación del 100 % en los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre. La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, explicó que esta cobertura económica fue posible gracias a varias enmiendas introducidas previamente en la Comisión de Transportes del Congreso.
Fernández destacó el alcance de la decisión y la calificó como un “antes y un después” en la política de movilidad del Archipiélago, al quedar la gratuidad recogida por primera vez en una ley estatal. En su opinión, esta medida refuerza un sistema más sostenible y evita desigualdades territoriales derivadas de la condición insular.
Obligaciones para aplicar el 100 % de descuento en el transporte público
La ley fija que el Gobierno de Canarias deberá certificar antes del 31 de enero de 2026 que el sistema de transporte gratuito está plenamente operativo y que se mantendrá activo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Por su parte, el Estado se compromete a compensar económicamente a las administraciones y a las empresas que gestionan el servicio. Para ello, se prevén anticipos del 65 % a lo largo de 2026, mientras que la liquidación final se realizará en 2027.
Desde la Dirección General de Transportes subrayan que la gratuidad ya ha tenido un efecto directo en la vida cotidiana de la población, al facilitar los desplazamientos al trabajo, a los centros educativos y a los servicios sanitarios. También destacan el ahorro económico para las familias y el impulso a un cambio progresivo en los hábitos de movilidad.
Transporte marítimo y proyectos ferroviarios
En la misma sesión plenaria, el Congreso votó de forma separada otras disposiciones del proyecto de ley. Entre ellas, la disposición adicional 38, centrada en la aportación estatal a la movilidad sostenible en el transporte marítimo, fue aprobada con 155 votos a favor.
En cambio, el apartado relativo a las infraestructuras ferroviarias —que incluía por primera vez el reconocimiento del carácter estratégico de los trenes de Tenerife y Gran Canaria y la posibilidad de financiación estatal— no experimentó modificaciones tras la votación.
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