Jerónimo Saavedra instauró en 1984 los llamados Premios Canarias y no pudo evitar críticas por su aportación. Pasados ya cuatro decenios, su invento está más que aceptado y ha ganado mucho prestigio, celebrándose el gran acto justamente el Día de Canarias, el 30 de mayo.
A la actual presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila (CC), le ha dado por emular al malogrado primer presidente de la autonomía y este año se ha inventado el Día de Tenerife, que ha hecho coincidir con la festividad de la Patrona, la virgen de Candelaria (no con su fiesta mariana del 15 de agosto), sino con su “cumpleaños”, el 2 de febrero.
Por supuesto, ha incorporado los Premios Tenerife y la celebración de su otro invento se hizo ese día en el flamante auditorio Adán Martín, venido a bastante menos por su penoso estado exterior, el de buena parte de su carísimo trencadís.
Quizás, la aportación de Dávila también cuaje y se afiance, pero ya ha creado ciertos rechazos y críticas por un intento de acaparar atención con gasto de dinero público mediante un acto que, si bien acertado para algunos (incluso seguramente para muchos), no deja de ser cuestionable y más bien un claro ejercicio de proselitismo para otros tantos o más, con el vicepresidente, Lope Afonso (PP), participando pero apocado bajo la larga sombra de la nacional-insularista.
Lo cierto es que, por lo indagado por este periódico, el acto del pasado día 2 en la obra del inefable Calatrava ha costado, como mínimo, 48.000 euros que, eso sí, no se llevaron a licitación. Esto obliga al gobierno insular a justificar bien cada euro gastado, toda vez que no ha pasado por concurso y, de superar alguna de las facturas los 15.000 euros que fija la Ley de Contratos Públicos, el área de Presidencia, la que asumió el encargo, debería haber pedido, al menos, presupuesto a tres empresas para elegir el más apropiado.
La oposición socialista no dejará pasar la ocasión de fiscalizar cada euro, pero, de momento, el gobierno aún no ha dado detalles de los gastos, pese a solicitarlo este periódico desde el pasado martes.
El Día de Tenerife, fuera del orden
La celebración de este primer Día de Tenerife no se preparó con excesivo tiempo. De hecho, el consejo de gobierno lo aprobó el pasado 28 de enero, con lo que tuvieron que correr con los gastos y toda la preparación de asignaciones, presupuestos y organización. Es más, se abordó fuera del orden del día y hubo de justificarse su urgencia, aceptada por unanimidad de los consejeros de CC y PP. Entre los “destinatarios del acto: ciudadanos asistentes y representantes de entidades públicas y privadas más relevantes de la Isla y de Canarias”, reza el acuerdo aprobado.
De los gastos, y aunque sin precisar cifras salvo esos 48.000 euros, se alude al “espacio y servicios del auditorio de Tenerife, servicios de dirección artística y coordinación de la gala de celebración, actuaciones musicales y artísticas”, así como “iluminación y proyecciones exteriores”.
Por supuesto, hasta aquí tienen toda la cobertura legal porque, según queda claro en este documento, existe “conformidad al desarrollo de actos y atenciones protocolarias y representativas”, por lo que “no resulta procedente la emisión de informe preceptivo por la Dirección de la Asesoría Jurídica de esta Corporación, ni por la Intervención, dado que no conlleva la aprobación de gasto” (“sin perjuicio de que pueda aumentar”). Eso sí, la justificación de lo desembolsado deberán hacerla ahora, y hacerlo bien.
Entre los premiados, y seguramente todos con méritos sobrantes, se halla Cristino de Vera, al que ya homenajearon el 9 de enero de 2025, aunque su reciente fallecimiento justifica un nuevo tributo. Pero eso es una cosa y otra bien distinta, las lecturas variopintas sobre un acto que algunos creen a mejor honra e imagen de Rosa Dávila.
Todo apunta a que esos 48.000 euros suponen una cifra muy inferior de la que finalmente ha costado la fiesta. Resulta difícil que las actuaciones musicales contratadas, el cóctel para 400 personas, la elaboración de vídeos, la iluminación o el caché de Celso Albelo se queden solo en esa cantidad aprobada en plena improvisación cinco días antes.
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