“Las bibliotecas necesitan una financiación adecuada, espacios decentes, personal cualificado con condiciones laborales dignas y, por supuesto, el reconocimiento de los compromisos de las administraciones competentes. Todo eso, más allá de palmaditas en la espalda o la presencia del responsable político de turno en una inauguración, en un acto puntual para sacarse la foto de rigor”.
Estas palabras, formuladas este viernes por Ángeles Domínguez Guerra, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias, ejemplifican la desoladora situación en el Archipiélago de un servicio básico, universal y gratuito, el que prestan las bibliotecas, cuyos profesionales, “a pesar de las carencias y el olvido de la clase gobernante -subrayó-, siguen siendo el pilar que sostiene el acceso democrático a la cultura, la información y la formación en nuestras Islas”.
“LAMENTABLE”
Domínguez Guerra y su compañera en el colectivo Natalia Navarro Sosa comparecieron en la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Parlamento de Canarias, a petición de la diputada socialista Yaiza López Landi, para exponer una “situación lamentable” que, en buena medida, responde al hecho de que la aplicación y el desarrollo de Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias, aprobada por unanimidad en 2019, hoy tan solo es una utopía.
“En la pasada legislatura -detalló la presidenta de la asociación- se pusieron los cimientos del sistema bibliotecario de Canarias. Sin embargo, con el nuevo Gobierno regional surgido tras los comicios de 2023, tenemos la sensación de que volvimos a la casilla de salida. Poco o nada se ha avanzado. Y las perspectivas no son halagüeñas si no se corrige el rumbo”.
NULO DESARROLLO
Al abordar el desarrollo de la ley, la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias fue desglosando su contenido. Así, afirmó que el Plan de Lectura de Canarias 2023-2030 “se ha desplegado de forma superficial”. “Esta herramienta que pretendía otorgar un papel transformador al acto de leer como vía para superar democráticamente barreras que crean desigualdades no ha logrado, ni de lejos, ese loable propósito”, recalcó.
De similar manera, el Mapa de Bibliotecas de Canarias, “instrumento esencial para la planificación y gestión bibliotecaria de las Islas, se encuentra actualmente desfasado”. A este respecto, apuntó que, “pese a que la ley obliga a su actualización en un plazo máximo de 18 meses, el último documento vigente es el del Boletín Oficial de Canarias del 26 de julio de 2023”.
En cuanto al Reglamento de Desarrollo de la Ley, “siete años después, sigue siendo inexistente”. “Según la información facilitada por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural [Horacio Umpiérrez], en una reunión de la comisión técnica de la Red BICA [Red de Bibliotecas de Canarias], el 5 de noviembre de 2024, el procedimiento previo fue paralizado para reiniciarse desde la secretaría general técnica de la actual Consejería de Cultura. A día de hoy, no hay constancias de avances, manteniendo la política bibliotecaria en un limbo normativo”, recalcó.
“A pesar de que el Plan de Desarrollo Profesional de la Red de Bibliotecas fue publicado en enero de 2023, la ejecución en materia de formación por parte del Gobierno es nula”, apostilló Domínguez Guerra.
LAS ISLAS VIAJAN EN EL VAGÓN DE COLA NACIONAL EN RECURSOS E INVERSIÓN
En la comparecencia de las bibliotecarias en la comisión, a cuyo inicio se retiró Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, pues, según argumentó, nunca se suele quedar, Natalia Navarro Sosa expuso, entre otros datos, los que refleja el estudio nacional Las Bibliotecas Públicas en cifras, en el que Canarias figura en el vagón de cola, únicamente por delante de Ceuta y Melilla.
De los 11 indicadores del informe, solo hay uno donde las Islas ocupan un puesto destacado, el tercero. Es el de crecimiento de la colección de fondos. Aunque el dato resulta engañoso, pues si se compara el número de documentos por habitante, la situación sigue siendo negativa. “No cumplimos con la superficie mínima que se necesita; ni con el número de profesionales [la media nacional es uno por cada 5.170 habitantes; en las Islas, uno por cada 6.857]; ni con los préstamos, ni con la inversión, nuestras bibliotecas no se visitan…”, enumeró Navarro, quien lamentó la “falta de compromiso de la Administración pública”, una actitud que, en muchos casos, también se aplica a cabildos y ayuntamientos.
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