La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge el próximo 26 de febrero la primera sesión del juicio a cinco personas que operaban en el norte de Tenerife y a los que la Fiscalía les atribuye los cargos de robar, vender drogas y tenencia de armas, aunque en una vista previa se descartó el cargo de pertenencia a banda organizada.
El Ministerio Público pide 8,5 años de prisión a uno de ellos por robo, 5 al segundo y 9 al tercero por el mismo delito junto con el pago de 44.200 euros por considerar a uno de ellos responsable también del tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
A dos más les piden 4,5 años de cárcel a cada uno por robo en casa habitada, de los que uno de ellos habría cometido 18 de los 21 contabilizados mientras que a tres les atribuye venta de drogas y a uno se le encontraron armas en su vivienda.
En la causa, con un sumario de 1.500 folios, está prevista la participación de hasta 60 testigos por lo que seguramente se tendrá que desarrollar a lo largo de varias jornadas, después de que la Sala aceptara la petición de las defensas de que los cargos no sean conjuntos sino que se analicen por separado y se rechazara una conformidad.
Según la Fiscalía, los acusados habrían actuado desde finales de 2022 hasta abril de 2024, cuando fueron detenidos y entraron en prisión provisional, después de que la Guardia Civil recibiera informaciones de que se dedicaban a sustraer joyas, monedas antiguas, dispositivos electrónicos y dinero en el interior de viviendas tras forzar las cerraduras.
El escrito fiscal indica que en algunos casos presuntamente atacaban a los propietarios, en otras no lograron su propósito y en otras más robaron cantidades que llegaron a los 8.000 euros hasta sumar un total de 21 acciones delictivas.
Una vez detenidos se hicieron registros domiciliarios en los que se encontraron armas, unos 400 gramos de cocaína, 42 de hachís y medio de MDMA, sustancias que hubiese alcanzado un valor de 22.200 euros y se hallaron también algunos de los objetos robados así como útiles para cometer los hurtos.
El Ministerio Público solicita que se indemnice a las víctimas en la cantidad que se fije en la ejecución de sentencia y que se corresponda siempre al valor de las piezas sustraídas.
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