Lázaro Brito: “La Diputación del Común ha sido clave para fortalecer nuestra calidad democrática”

Lázaro Brito Hernández (Barlovento, 1958) es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, con formación de doctorado en Historia y en Régimen de Instituciones Europeas. Ha impartido formación jurídica dirigiendo jornadas y seminarios en distintos ámbitos. Es funcionario del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, donde ejerció como letrado-asesor y como secretario de dicho consistorio. Ejerció también como abogado varios años y fue también letrado del sindicato Unión Sindical Obrera. En su incursión en la política ha sido secretario de Organización de la Agrupación Palmera de Independientes (API) y posteriormente de Coalición Canaria (CC) en La Palma. Fue alcalde de Barlovento durante dos legislaturas (2003-2007 y 2007-2011), miembro del Comité Ejecutivo de la FECAM y su presidente entre 2007 y 2011. Desde marzo de 2012, y durante los mandatos de varios diputados del común, ha sido secretario general de la Diputación del Común de Canarias, cargo en el que continúa.

-Parece como si a la Diputación del Común le hicieran poco caso las administraciones públicas. ¿No crees?

“La ley 7/2001 establece con absoluta claridad las competencias de la Diputación del Común y la obligación de las administraciones públicas canarias de colaborar con la institución, con carácter preferente y urgente”.

-Pero yo hablo de mi percepción…

“Que yo no tengo. Nuestro papel de supervisión es vinculante en cuanto a la obligación de atender los requerimientos y las administraciones conocen perfectamente que deben facilitar la información y la cooperación necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos”.

-¿Son conscientes esos ciudadanos del papel de la Diputación del Común?

“Yo creo que sí, que la Diputación del Común es conocida en todo el Archipiélago”.

-No tengo yo esa impresión. Y disculpa, Lázaro.

“Además, la institución tiene la particularidad de ser la única estatutaria con su sede fuera de las islas capitalinas, ya que está ubicada en Santa Cruz de La Palma”.

-¿Cómo debe ser identificada?

“Muy sencillo, como el órgano que vela por los derechos y libertades de los ciudadanos. Este conocimiento es especialmente alto en las dos islas mayores y en La Palma, aunque trabajamos constantemente para reforzar nuestra presencia en todas las islas”.

-Lázaro, sinceramente, ¿tienen ustedes la sensación de ser útiles a la ciudadanía?

“Sin duda. La utilidad de la Diputación del Común se demuestra en cada caso en el que logramos desbloquear situaciones que otras administraciones no han podido resolver. Nos esforzamos en fortalecer los derechos de los ciudadanos, repito”.

-Es bueno que la gente sepa esto. Porque muchas veces se siente desprotegida ante el gigante administrativo.

“Sí, estoy de acuerdo en que para muchas personas somos la última puerta a la que pueden llamar y en no pocas ocasiones la única vía para que sus derechos sean atendidos y sus expedientes avancen con la celeridad necesaria”.

(Lázaro Brito me dice que vale un simple correo electrónico a las sedes de la Diputación para que ésta se ponga en marcha en cuanto a ayudar a los ciudadanos a defender sus causas justas. Me habla de que a veces las administraciones no colaboran con el celo que debieran, pero que no es esta la norma general. Le pregunto con qué diputado del común se ha sentido más cómodo en sus años de ejercicio y me ha respondido que con todos, no se quiere mojar. Fue Jerónimo Saavedra quien lo propuso para el cargo que lleva más de 13 años desempeñando).

-¿Ha cumplido con su trabajo la Diputación del Común, en términos generales?

“Mira, yo creo que la Diputación del Común ha sido clave para fortalecer la calidad democrática en Canarias”.

-¿Y ha contribuido a mejorar la gestión pública?

“Ahí está precisamente la labor más destacada de este organismo que pertenece al Parlamento de Canarias. Hemos contribuido a mejorar la gestión pública, acercando la administración pública a la ciudadanía y dando respuesta a miles y miles de reclamaciones. La institución se ha consolidado como un instrumento imprescindible frente a situaciones de desprotección, mala administración y vulneración de derechos”.

-¿Se ha politizado?

“Yo creo que no”.

-¿En qué te basas para negarlo?

“Pues en que la elección del diputado del común (en la actualidad, diputada) exige un amplio consenso parlamentario y requiere una mayoría cualificada de tres quintos de la cámara. Y esa base de acuerdo tan amplia garantiza precisamente su independencia”.

-Tú has tenido varios jefes de cierto nombre político.

“He trabajado con Jerónimo Saavedra Acevedo, con Rafael Yanes Mesa y con Dolores Padrón Rodríguez. Cada maestrillo tiene su librillo, dice el refrán, pero yo creo que la institución es un ejemplo de estabilidad institucional. La ley establece incompatibilidades estrictas para evitar cualquier vinculación con actividad política o de propaganda, tanto para el titular de la Diputación como para los adjuntos. La neutralidad e independencia están en su ADN”.

-¿Te has planteado volver a la política?

“Es cierto que, en algunas ocasiones, esa idea ha vuelto a aparecer en mi cabeza”.

-¿Y qué has decidido?

“Dejé la Alcaldía de Barlovento con un sabor agridulce, tras una legislatura marcada por la crisis económica, la rotura del embalse de La Laguna, las obras en la carretera general, la actualización catastral. Aún así, te confieso que para mí fue un periodo muy enriquecedor, con avances decisivos en su modernización en general, infraestructuras, cultura y avances en el tejido productivo. Logramos que Barlovento se convirtiera en el municipio con menor paro de isla de La Palma, casi cero, atendiendo a su número de habitantes. Volver a servir a mi pueblo es una idea que nunca descarto, porque pocas cosas me parecen más gratificantes que trabajar por la tierra que me vio nacer”.

-Yo tengo la sensación, ampliando una pregunta anterior, que se percibe en la Diputación del Común la obediencia a sus partidos de procedencia de sus dirigentes.

“No, de verdad, no es así. Nuestra institución defiende los derechos de todas las personas, sin distinción alguna: origen, edad, capacidad, nacionalidad, condición jurídica y relación con la administración”.

-¿Por ley?

“Por ley. Porque la norma establece que el titular no está sujeto a mandato imperativo y que debe actuar con plena independencia y autonomía. La institución se rige exclusivamente por el interés general y por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

-¿Cómo son las relaciones con otros defensores del pueblo?

“Las relaciones con otras defensorías autonómicas son excelentes”.

-¿Existe coordinación entre todas ellas?

“Cada año celebramos jornadas de coordinación que permiten llevar a cabo un trabajo conjunto ante asuntos que trascienden los límites de cada comunidad autónoma. Además, formamos parte activa de redes internacionales como la FIO (Federación Iberoamericana de las Personas) y el IIO (Instituto Internacional de los Defensores del Pueblo), lo cual fortalece la calidad y la proyección del trabajo que desarrollamos en Canarias”.

-¿Dan a conocer sus actuaciones para que la gente esté al tanto de ellas?

“Cada año presentamos ante el Parlamento de Canarias un informe completo sobre la gestión realizada”.

-¿Y qué se recoge en ese informe?

“Pues se recogen los principales indicadores: los avances obtenidos en nuestra gestión y también las dificultades detectadas en el funcionamiento de las administraciones públicas. Como es habitual, se incluye un capítulo específico sobre la situación de los menores y otros colectivos especialmente vulnerables, reforzando con ello nuestra labor decidida en torno a la garantía de derechos, que es nuestro cometido irrenunciable”.

(Yo creo que la Diputación del Común es una institución que los ciudadanos no utilizan tanto como deberían. Se trata de un apoyo ante las administraciones, en defensa de causas que son justas, y que el organismo puede resolver situaciones que se refieren a la impotencia de los propios ciudadanos ante las administraciones. Así que este puede ser un aviso para que utilicen la Diputación del Común que pagamos todos. Hablo con Lázaro Brito largamente de este asunto. Se trata de un funcionario de enorme experiencia, que conoce perfectamente la institución de la que es secretario general).

-¿Dónde encuentran ustedes más impedimentos, a la hora de realizar su trabajo?

“El principal obstáculo yo creo que está en la falta de recursos humanos en algunas administraciones”.

-¿En cuáles, sobre todo?

“En los municipios más pequeños”.

-¿Con qué consecuencias?

“Pues lo más preocupante es que esta limitación impide responder a tiempo a los requerimientos de la Diputación y provoca retrasos en la tramitación que las quejas”.

-Mal asunto.

“La ley permite solicitar ampliaciones de plazo, pero esta es una situación que dificulta el objetivo de dar una respuesta ágil a la ciudadanía”.

-¿Cuál es el presupuesto anual de la Diputación?

“Para el ejercicio de 2026 asciende a 4.165.488 euros”.

-¿Y llega su actuación a todas las islas?

“Por supuesto. Aunque la sede oficial se encuentra en Santa Cruz de La Palma, la ley prevé la existencia de oficinas administrativas en el resto de las islas del Archipiélago Canario y actualmente contamos con sedes en todas las islas, lo que garantiza un acceso cercano y equitativo para toda la ciudadanía”.

-Pues que cunda esa labor ante una administración cada vez más tediosa.