El patinete eléctrico dejará de moverse en un limbo legal. La entrada en vigor de la Ley 5/2025 marca un punto de inflexión en el uso de los patinetes eléctricos y del conjunto de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en España. Por primera vez, el Estado establece un marco normativo claro y homogéneo para estos vehículos de uso personal, una regulación que pone en cuestión el modelo de muchas empresas implantadas en la Isla y que redefine una forma de movilidad que ha transformado por completo a los entornos turísticos en la última década.
La ley establece que, a partir de ahora, todos los VMP deberán contar con seguro obligatorio, certificado de características técnicas, identificación visible tipo matrícula y estar inscritos en el registro habilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata de un nuevo paradigma que equipara a estos vehículos, en términos administrativos y de responsabilidad, con otros medios de transporte ya regulados.
La normativa define los VMP como vehículos de una sola plaza, propulsados exclusivamente por motor eléctrico y con una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Para circular legalmente deberán estar inscritos en un Registro de Vehículos Personales Ligeros, a su vez contar con un certificado de circulación emitido por un laboratorio autorizado y portar una etiqueta identificativa visible con su número de inscripción.
De manera excepcional, los patinetes que no estén certificados podrán inscribirse de forma temporal, con autorización válida únicamente hasta el 22 de enero de 2027. A partir de esa fecha, solo podrán circular los modelos plenamente certificados.
La ley refuerza además las normas de circulación y uso. De esta manera, se prohíbe circular por aceras, se limita la velocidad, se obliga al uso de luces, se veta el teléfono móvil y los auriculares, se impone tolerancia cero al alcohol y las drogas, se restringe el uso a una sola persona por vehículo y se obliga a aparcar únicamente en espacios habilitados.
Presión en zonas turísticas en Tenerife
En municipios como Adeje, Arona o Santa Cruz de Tenerife, sometidos a una fuerte presión por el uso intensivo de estos vehículos y separados por límites administrativos permeables, la nueva normativa llega tras años de aparcamientos indebidos, circulación por aceras, conflictos con peatones y un aumento de incidentes. Los vecinos vienen denunciando, especialmente en los municipios sureños, una desconexión de estos vehículos con el entramado de movilidad urbano.
En este contexto, Adeje decidió adelantarse al marco estatal y hace varios meses empezó a tramitar una ordenanza municipal específica, convirtiéndose en el segundo municipio de la isla en hacerlo tras la capital. La medida se enmarcaba dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y responde a una situación que el propio Ayuntamiento considera “estructural”.
Solo en 2023, el municipio retiró más de 4.000 patinetes de la vía pública por incumplimientos de la normativa local. A escala regional, la cifra supera los 15.000 vehículos retirados en los últimos tres años.
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