Vibraciones constantes, polvo en suspensión y el ruido de camiones desde primera hora de la mañana. Este es el día a día de alrededor de 200 vecinos de tres urbanizaciones colindantes a una parcela situada en Parque La Reina, en Arona, donde se desarrolla una actividad autorizada inicialmente como abancalamiento y que, según informes municipales del Ayuntamiento de Arona, presenta características propias de una extracción minera.
Los residentes aseguran que las molestias se arrastran desde hace casi una década y denuncian un deterioro progresivo de su calidad de vida. “Las vibraciones, con el paso del tiempo, nos han levantado el piso y hasta despegan los azulejos’, relata uno de los afectados. La actividad se desarrolla en una parcela de la calle Envolvente que figura en el Catastro como suelo rústico de uso agrario, a escasos metros de varias urbanizaciones residenciales y del IES Montaña de Guaza.
La empresa sostiene que la actividad que se está realizando en su ámbito de la parcela corresponde a trabajos de acondicionamiento del terreno, destinados a la preparación del suelo para un posterior uso agrícola. Esta actividad se encuentra en su fase final.
Señalan que en el terreno, de más de 100.000 metros cuadrados, operan dos empresas autorizadas y que la licencia “no puede ser retirada mientras la obra no haya concluido”. Según explican, el procedimiento administrativo establece que solo una vez finalizados los trabajos puede comprobarse si se han cumplido todos los parámetros exigidos y, en caso contrario, proceder a la restitución del terreno.
La empresa asegura haber reforzado las medidas correctoras, incrementando el número de aspersores para el control del polvo en suspensión. Asimismo, sostienen que el tramo de obra más próximo a las zonas residenciales, fue programado de forma intencionada para la fase final de los trabajos, con el objetivo de reducir al mínimo posible las afecciones.
CALIMA PERMANENTE
Los vecinos reclaman la paralización inmediata de la actividad y exigen información y transparencia sobre la legalidad y el control de una explotación que condiciona su vida cotidiana. Aseguran que excavadoras y camiones de gran tonelaje operan desde primeras horas de la mañana. “Últimamente empiezan a las siete, pero ha habido épocas en las que lo hacían antes. A partir de ahí, el ruido es constante durante todo el día”, explica una vecina. A ello se suma el polvo en suspensión. “Vivimos como si tuviéramos una ola de calima permanente. No podemos tender la ropa en las terrazas porque queda inutilizada”.
El impacto, subrayan, no es solo material. “Hay personas mayores con dolores de cabeza persistentes. Mucha gente acaba marchándose porque no puede vivir así”, relatan.
Ante la persistencia de la situación, las quejas formales se intensificaron hace dos años mediante denuncias presentadas ante distintas administraciones: el Ayuntamiento de Arona, el Defensor del Pueblo, la Diputación del Común, el Cabildo de Tenerife y la Agencia de Medio Ambiente, además de reclamaciones individuales y colectivas acompañadas de recogidas de firmas. Los vecinos aseguran que, hasta la fecha, no han recibido respuestas efectivas. “Es un vacío total”, afirman.
Suspensión de licencia
Desde el Ayuntamiento de Arona, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, reconoce la queja vecinal y la califica de “lógica”, aunque advierte de la existencia de “desinformación” en torno al caso.
Según explica, la licencia de abancalamiento fue concedida en 2018 tras certificarse que la empresa contaba con los permisos pertinentes. Según la documentación municipal, la autorización concedida a la empresa Marante Excavaciones estaba circunscrita exclusivamente a labores de abancalamiento.
Sin embargo, una diligencia urbanística incoada por este área desliza que la actividad que se desarrolla en la parcela se corresponde, en la práctica, con una extracción de carácter minero.
ÓRGANO COMPETENTE
Desde el punto de vista legal, la licencia concedida permitía llevar a cabo movimientos de tierra con una altura máxima de hasta cuatro metros.
Baute aclara que el ayuntamiento no es el órgano competente para sancionar este tipo de actividades y que los informes recabados serán remitidos a la Dirección General de Industria y Minas del Gobierno de Canarias.
No obstante, el edil señala que el consistorio estudia proceder a la suspensión de la licencia por daños medioambientales. “En principio creemos que podemos llevarlo a cabo”, apunta.
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