Un nuevo frente jurídico se abre para el Gobierno de España en Bruselas, esta vez con millones de conductores y el sector de la seguridad vial como protagonistas. El Partido Popular Europeo (PPE) ha revelado que la Comisión Europea confirma que el Ejecutivo central no notificó a las autoridades comunitarias la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, un paso preceptivo según el Derecho de la Unión.
Esta omisión procedimental no es una cuestión menor. Según la respuesta parlamentaria obtenida por la eurodiputada Dolors Montserrat, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, ha advertido de consecuencias jurídicas “relevantes”.
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Bruselas recuerda que los reglamentos técnicos nacionales deben ser comunicados previamente para garantizar que no suponen un obstáculo al mercado interior y a la libre competencia.
Riesgo de nulidad de la baliza V16
El punto más crítico de la respuesta europea reside en la validez de la norma en suelo español. La Comisión subraya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los órganos jurisdiccionales nacionales “deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados”.
Esto genera, en palabras de Montserrat, una “enorme inseguridad jurídica”. Si un tribunal español determinara que la obligatoriedad de la baliza V16 es inaplicable por este defecto de forma, la normativa actual quedaría en entredicho, afectando tanto a la industria que ha fabricado los dispositivos como a los usuarios que ya los han adquirido.
Posible infracción
Bruselas no descarta medidas de ejecución contra España bajo el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto podría derivar en un procedimiento formal de infracción.
El Ejecutivo europeo recalca que imponer requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede constituir una restricción al comercio que las autoridades españolas “tendrían que justificar”.
“Cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la confianza en las instituciones”, denunció la vicepresidenta del grupo PPE. Montserrat lamentó que el Gobierno se haya empeñado en “ir por libre” en lugar de consensuar medidas técnicas con el resto de los socios de la UE.
Un dispositivo bajo sospecha técnica
Aunque el uso de señales de peligro no está armonizado totalmente en la UE, cualquier requisito técnico exclusivo —como la conectividad obligatoria de la V16 española— debe pasar por el filtro de la Comisión para evitar distorsiones en el mercado.
Ante este escenario, el PPE ha reclamado al Gobierno que aclare de forma inmediata la situación para garantizar el pleno respeto al Derecho de la Unión y evitar que la incertidumbre siga creciendo entre los conductores españoles, quienes se encuentran ahora ante una normativa cuya aplicación legal podría ser cuestionada en cualquier momento por la justicia.
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