En la Comisión de Educación del Parlamento regional que estudia el reconocimiento de la autoridad del profesorado, la presidenta de la Plataforma Canaria Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, denunció que hay alumnos con Necesidades Específicas Educativas (NEE) “son expulsados” de centros, incluso en algunos que tienen Aulas Enclave, y se registran “abusos de autoridad” por parte del profesorado.
Insistió en las “barreras que hay” para la escolarización de este perfil de alumnos en Canarias y en que se “vulneran el derecho a la educación” con “dictámenes de escolaridad contrarios y arbitrarios que impiden la plena participación en igualdad de condiciones” que el resto del alumnado.
Buriticá, que también leyó una carta de la Asociación Madres sin Miedo, denunció que “lo estamos pasando muy mal”, mientras su vulneran los derechos “por falta de apoyos y decisiones arbitrarias“, mientras las familias no cuentan con mecanismos administrativos para defender los derechos de sus hijos. Esto les obliga a “acudir a los juzgados”, en procesos largos y costosos para las familias, cuyos recursos podrían emplearse en terapias.
Mientras la Ley “plantea mecanismos de protección jurídica para los docentes con nuestros impuestos”, los menores NEE que necesitan “más protección, no cuentan con estos mecanismos judiciales y psicológicos, y las familias nos vemos desamparadas para poder defenderlos” ya que esta nueva ley “no tiene en cuenta” al alumnado con discapacidad y promueve la “exclusión y el abandono escolar”, señaló.
Ha descrito un sistema “inflexible y que no se implica” en las necesidades especiales y “no entiende” las expulsiones por situaciones que se generan “derivadas de su propio diagnóstico”, de ahí que haya demandado “trabajar con empatía y recursos”. Destacó que “se maltrata” a los alumnos con necesidades especiales, entre otras cuestiones por la “falta de formación” de los docentes, subrayando que hace falta potenciar “lo pedagógico” por encima de lo “sancionador”.
Buriticá expuso varios ejemplos ocurridos en las aulas de Canarias con alumnos NEE, situaciones que denunció “increíbles” que sucedan en un país del primer mundo. “No queremos estar matándonos a defender los derechos de nuestros hijos”, recalcó.
Los portavoces de PP y CC, que apoyan al Gobierno, instaron a ubicar varias enmiendas en el decreto de convivencia y en la ley de atención a la diversidad.
Plan de acción
Por otro lado, desde el Consejo Escolar de Canarias, su presidenta Natalia Álvarez reclamó que la ley de autoridad del profesorado debe tener un plan de acción con formación continua para dar seguridad y estabilidad emocional”. Incidió en que la corresponsabilidad educativa “es la que mueve al sistema” y reivindicó al profesor como “autoridad moral y líder en la impartición de conocimientos”.
Señaló que los docentes se quejan más del exceso de burocracia y la falta de presupuesto, de profesorado de apoyo y personal administrativo. Se mostró partidaria de analizar la conflictividad y hacer seguimiento de la convivencia en las aulas. Aboga por la búsqueda del “consenso y no la confrontación entre docentes y alumnos-padres”.
Por último, los representantes de la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) señalaron que esta ley “no es urgente”, es “repetiva” ya que todas las medidas están recogidas y “no aporta” elementos concretos, ya que “hacen falta más medios”. Alertaron de que puede convertirse en un “arma o privilegio docente” y no mejore la convivencia.
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