El escenario de la vivienda protegida en las Islas da un giro de 180 grados. El Gobierno de Canarias ha dado luz verde definitiva al decreto que regula el Registro Público de Demandantes, eliminando de un plumazo el antiguo sistema de sorteos. A partir de ahora, el acceso a un hogar público dejará de depender del azar para basarse estrictamente en la necesidad social y el arraigo.
El fin de la “lotería” de los sorteos
El cambio normativo, impulsado por el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, busca modernizar un sistema que se consideraba obsoleto. Por primera vez, ya no habrá un bombo que decida el futuro habitacional de las familias canarias. El nuevo modelo se rige por una baremación objetiva, donde cada solicitante recibirá una puntuación basada en:
- Situación económica y social: Prioridad absoluta a las rentas más bajas.
- Cargas familiares: Se valorarán específicamente las circunstancias de cada hogar.
- Transparencia total: Parámetros públicos y verificables para evitar cualquier arbitrariedad.
Los nuevos criterios de arraigo: 12 años de residencia
Uno de los puntos más relevantes del nuevo decreto es el endurecimiento de las condiciones para los demandantes. Con el objetivo de priorizar a quienes llevan más tiempo residiendo en el Archipiélago, el Ejecutivo exigirá ahora:
- 12 años de residencia continuada en Canarias (o 15 de forma discontinua).
- 5 años de residencia o trabajo ininterrumpido en el municipio donde se encuentre la promoción de viviendas.
Nota: Las víctimas de violencia de género estarán exentas de cumplir el requisito de residencia municipal si se han visto obligadas a abandonar su localidad de origen.
Reserva de cupos: ¿Quiénes tienen prioridad?
El Gobierno de Canarias no solo cambia el “cómo”, sino el “a quién”. Se han establecido porcentajes de reserva obligatorios en cada nueva promoción para los colectivos con mayores dificultades:
- Jóvenes (hasta 35 años): Se les reserva un mínimo del 20% de las casas.
- Mayores de 65 años: Cuentan con un cupo del 10%.
- Movilidad reducida: Un 10% de las viviendas estarán adaptadas.
- Víctimas de violencia de género: Reserva específica del 8%.
- Emigrantes retornados: Hasta un máximo del 1%.
Inscripción digital y declaración responsable
Para agilizar los tiempos de espera, los interesados podrán realizar su inscripción en el Registro Público de Demandantes de forma telemática. El sistema permite el uso de la declaración responsable para acelerar la burocracia, aunque la administración realizará una comprobación exhaustiva de toda la documentación antes de proceder a cualquier adjudicación definitiva.
Con este cambio de reglas, Canarias busca que la vivienda pública cumpla su verdadera función social, alejándose definitivamente de la suerte y acercándose a la realidad de las familias isleñas.
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