El Juzgado de Puerto del Rosario ha dictado sentencia contra dos personas por un delito contra el medio ambiente, tras la captura y muerte de siete ejemplares de pardela cenicienta atlántica (Calonectris borealis) en la isla de Fuerteventura.
Los responsables deberán afrontar una sanción económica que supera los 3.200 euros cada uno y la inhabilitación especial para el ejercicio de la caza por un periodo de tres años.
Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando agentes del Destacamento Marítimo de la Guardia Civil, en colaboración con guardapescas de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, realizaban labores de vigilancia en el Parque Natural de Jandía.
Durante la patrulla en el Faro de Punta Pesebre, los efectivos detectaron luces en una zona de montaña situada entre la playa del Junquillo y la Punta de Barlovento.
Intervención y hallazgo
Al sospechar que se podría estar realizando caza furtiva —coincidiendo con la época en la que los pollos de pardela alcanzan su mayor peso—, los agentes procedieron a la identificación de dos personas que se dirigían a un vehículo.
En ese momento, portaban un saco de rafia y una vara de madera con un gancho, utensilio utilizado habitualmente para extraer a las aves de sus nidos en cuevas y grietas. Tras la inspección del saco, se hallaron siete ejemplares muertos.
La cadena de custodia se mantuvo hasta el traslado de los restos al Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), donde la necropsia certificó que se trataba de pardelas cenicientas fallecidas por asfixia y traumatismo craneal.
Especie protegida y prohibición vigente
La pardela cenicienta está catalogada como vulnerable en el Libro Rojo de las aves de España y se encuentra bajo el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Su caza en el archipiélago está prohibida desde el 26 de marzo de 1981, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto 3181/1980.
A pesar de que históricamente esta actividad tuvo un componente tradicional en las Islas —vinculado a la medicina popular y la venta de aceite—, la normativa vigente refuerza su conservación debido a que son aves altamente especializadas.
Su ciclo reproductivo es lento: ponen un único huevo al año y los jóvenes no suelen criar hasta alcanzar una edad de entre seis y nueve años.
El fallo judicial, emitido a finales de febrero, confirma que la conducta constituye un delito contra la flora y la fauna tipificado en el Artículo 334 del Código Penal.
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