El sindicato STEC-IC solicitó que el protocolo ante el riesgo suicida en los centros educativos aprobado por la Consejería de Educación implique, además de a los docentes, a sanitarios y trabajadores sociales.
En una queja trasladada a la Diputación del Común, considera que el documento aprobado por la Administración “traslada al profesorado responsabilidades que no le corresponden y que deben ser asumidas por profesionales sanitarios”.
El STEC-IC comparte la preocupación existente por la salud mental del alumnado y la necesidad de tener “mecanismos de prevención eficaces”, pero advierte de que “la detección no puede confundirse con la intervención sanitaria ni con la gestión de situaciones de riesgo vital”, responsabilidades que corresponden “exclusivamente a profesionales especializados”.
A su juicio, el protocolo actualmente planteado sitúa al profesorado en una posición de responsabilidad ante situaciones extremadamente delicadas que afectan directamente a la salud y a la vida del alumnado, cuando “la gestión de estas situaciones debe recaer en profesionales sanitarios especializados, que son quienes cuentan con la formación y los recursos adecuados para intervenir”.
“La escuela puede y debe ser un espacio de acompañamiento educativo y de detección de posibles situaciones de riesgo, pero no puede sustituir al sistema de salud ni asumir funciones sanitarias para las que el profesorado no está formado”.
El STEC solicitó que “revise el protocolo y delimite claramente las responsabilidades”, garantizando que la atención se realice desde el ámbito sanitario y con los profesionales adecuados. La prevención del suicidio requiere una respuesta coordinada entre educación, sanidad y servicios sociales, así como el refuerzo de los especialistas.
Retroceso en la inversión y un repunte del abandono
La Plataforma 5% para Educación y el Consejo Escolar de Canarias alertaron del retroceso en la inversión educativa, el incumplimiento continuado de la Ley de Educación y el empeoramiento de indicadores claves del sistema, entre ellos el abandono temprano. Lamentan que la financiación se aleje del 5% del PIB, al 4,07% para 2026, cuando en 2023 alcanzó el 4,63%, un déficit acumulado de 600 millones. Preocupa el repunte del abandono temprano y que la escolarización de 0 a 3 años sea todavía baja.
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