La urgencia en la regularización extraordinaria puesta en marcha se debe a la entrada en vigor el 1 de julio del pacto sobre migración y asilo en toda Europa, “por eso es muy importante que el proceso de regularización extraordinaria termine el 30 de junio, porque no se ajustan los parámetros exigidos por la Unión Europea”, recalca la presidenta de la Asociación Solidaridad Venezuela, Marcela Máspero.
La regularización extraordinaria servirá para que muchos migrantes extranjeros y sus familias puedan legalizar su situación en el país. Sobre todo podrán cotizar ante la Seguridad Social. “Según las últimas cifras que conocimos en el Parlamento de Canarias, el 27% de la economía sumergida en todo el Archipiélago se debe a migrantes no regularizados. Eso incluye muchas personas que trabajan cuidando de personas, prestando servicios domésticos, trabajos de limpieza, en la construcción, la hostelería…”.
Ante los discursos de la ultraderecha que vinculan la inmigración con las ayudas sociales y una supuesta saturación de los servicios públicos, Máspero recalcó que “vienen a buscarse la vida. No se vive con una ayuda humanitaria de Cruz Roja o Cáritas. Aquí venimos a trabajar, incluso gente sobrecualificada que ocupa trabajos inferiores a su nivel, porque tenemos que sacar adelante a nuestras familias, como en el pasado lo hicieron los canarios, los españoles, los italianos y los portugueses que nos ayudaron a construir a nuestra Venezuela y a los cuales les estamos muy agradecidos”.
La Asociación Solidaridad Venezuela denuncia racismo y violencia institucional en Canarias. “Son las actitudes de violencia que vivimos los migrantes por parte de los responsables de las administraciones públicas; puede ser en atención sanitaria, en ventanillas de extranjería, en la Seguridad Social o en cualquier ventanilla cuando hacemos trámites, y se nos excluye de nuestros derechos por el color de la piel, por el acento o por la raza”, denunció la activista.
Esa discriminación es notoria en el acceso a la vivienda y en el mercado laboral. “El director de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, denunció que sigue creciendo y que un 90% de las inmobiliarias discriminan a las personas migrantes”. Mientras que en el acceso al empleo, “parece mentira, pero a veces hay más solicitudes para personas extranjeras que hasta para los propios canarios. Vemos sectores y empresas en los que la mayoría de los trabajadores son venezolanos, cubanos, peruanos, colombianos o de otros países latinoamericanos, quizás porque estamos dispuestos a trabajar en condiciones que, a veces, no son las más adecuadas, porque necesitamos llevar el pan a nuestra familia y no nos importa hacer cualquier labor”, señaló.
Por último, recordó que el colectivo migrante “es mayoría en el desempeño de empleos como en el cuidado y los trabajos domésticos, muchos de forma irregular y en condiciones infrahumanas, sobre todo mujeres de países hispanoamericanos. Por eso es muy importante que se puedan acoger a la regularización y es un esfuerzo que vamos a estar haciendo desde las asociaciones”.
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