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El Cabildo de Tenerife anuncia medidas ante la crisis bélica, pero no las concreta

El Pleno acuerda que la Corporación “estudiará y aprobará” acciones complementarias a las de los gobiernos canario y español, y una reunión con los ayuntamientos de la Isla
El Cabildo de Tenerife anuncia medidas ante la crisis bélica pero no las concreta. | Alfredo Mesa
El Cabildo de Tenerife anuncia medidas ante la crisis bélica pero no las concreta. | Alfredo Mesa

El Pleno del Cabildo de Tenerife acordó ayer por unanimidad, a partir de una moción presentada por el PSOE, que una vez convalidado por el Parlamento de Canarias el Decreto-ley 3/2026 del 6 de abril, “estudiar y aprobar, en el ámbito de sus competencias, las medidas complementarias que resulten oportunas para reforzar la protección de la ciudadanía y los sectores más expuestos a las consecuencias de la crisis” económica derivada de la guerra en Oriente Medio.

A estos efectos, el Cabildo “convocará a la mayor urgencia el Consejo insular de Administración Territorial para informar del paquete de medidas complementarias que pretende aprobar”.

Así se recoge en el texto acordado entre el grupo de Gobierno insular (CC-PP) y el PSOE, donde también se manifiesta el “firme rechazo” a dicha guerra y se exige “el retorno al marco del derecho internacional y de la diplomacia como única vía legítima para alcanzar una paz duradera”.

Asimismo, además de mostrar su respaldo al plan de medidas aprobado por el Gobierno regional, el acuerdo insta al de España a “no excluir a Canarias de las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto” y le exige que “adapte de forma efectiva los recientes reales decretos leyes a la realidad singular” del Archipiélago.

Durante el debate de la moción, el portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, criticó al Cabildo que, dos meses después del inicio de dicha guerra, “no ha adoptado ni una sola medida” que ayude a la economía de las familias, ni se ha reunido con los ayuntamientos de la Isla ni los sectores afectados.

Por su parte, el portavoz de CC, José Miguel Ruano, respondió que el Cabildo no ha descartado adoptar medidas complementarias que puedan ayudar, pero apuntó a la necesidad de que el Estado “flexibilice” la regla de gasto y poder contar así con mayor capacidad.

Aún así, indicó que “tenemos condiciones para empezar a pensar cuáles son las medidas que podemos afrontar y usted (PSOE) ha pedido un pleno extraordinario al respecto, ha pasado un tiempo y hemos tenido capacidad para analizar cosas y ya veremos en el ámbito de ese pleno, a mediados de mayo, cuáles son las decisiones que podemos adoptar”.

En esta línea, el pleno también acordó por unanimidad, a partir de una moción propuesta por el Gobierno insular, solicitar al Estado la suspensión temporal de la regla de gasto para los cabildos durante este año y el que viene, con el objetivo de hacer frente al impacto económico derivado del actual contexto geopolítico internacional por la guerra en Oriente Medio.

Además, se pide al Gobierno de España que impulse ante la Comisión Europea la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que permita el uso pleno de los remanentes de tesorería para atender necesidades sociales, económicas y territoriales y reclamar la flexibilización del principio de estabilidad presupuestaria.

Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad la incoación de procedimiento para el otorgamiento de la distinción honorífica de Medalla de Oro de la Isla al escritor y periodista Alberto Vázquez-Figueroa.

Playa de San Marcos

También salió adelante un acuerdo institucional, a partir de otra moción del PSOE, para impulsar de forma definitiva la recuperación de la Playa de San Marcos, en Icod de los Vinos. En concreto, se insta al Gobierno de Canarias a actuar “con la máxima urgencia” para permitir el inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, así como la emisión del informe sectorial en materia de puertos necesario para su aprobación definitiva.

Además, se exige al Ejecutivo regional que consigne una partida económica suficiente en los presupuestos, preferentemente en 2026 y, como máximo, en 2027, para asegurar la ejecución de las obras, en coordinación con el Estado, que también deberá garantizar la financiación del proyecto.

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