“Cuando la población se dispara, la administración siempre va muy por detrás de las necesidades”

La entrevista comienza con una reflexión compartida: la demografía está directamente vinculada a los principales retos del Archipiélago, como la crisis de la vivienda, la movilidad, la saturación de recursos o la degradación medioambiental. En este contexto, el gobierno regional ha desarrollado la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial junto a un Plan de Acción Ejecutivo con 43 medidas y más de 400 acciones, como hoja de ruta transversal, aunque con críticas de la oposición y de movimientos ecologistas, por la falta de soluciones efectivas ante el colapso turístico o la crisis de la vivienda. Como uno de los impulsores de este plan, Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, participará en el II Congreso de Reto Demográfico, que se celebrará los días 18 y 19 de junio en Breña Alta (La Palma). Un encuentro que, bajo el lema Territorio y arraigo: de la estrategia a la acción, buscará aportar conclusiones sobre el modelo que se pretende desarrollar en los próximos años.

-¿Cuando hablamos del reto demográfico de las Islas, cuál es el indicador que más le preocupa actualmente?
“Principalmente la presión poblacional. En Canarias el reto demográfico tiene una doble vertiente: por un lado, municipios pequeños que pierden habitantes y presentan problemas claros de despoblación, y por otro, zonas con una presión muy alta donde determinadas actividades, como el turismo, desplazan a la residencia. Esto se ve, por ejemplo, en los municipios del sur de las islas capitalinas, donde la actividad turística condiciona el uso del territorio, o en casos como Fuerteventura, donde el crecimiento poblacional ha sido muy rápido y las infraestructuras no han logrado adaptarse”.

-Uno de los pilares de la Estrategia de Reto Demográfico es la Canarias de los 15 minutos. ¿En qué consiste ese modelo?
“El concepto original viene de Europa, con la llamada ciudad de los 15 minutos, que plantea que cualquier persona pueda acceder a servicios esenciales como sanidad, educación o administración en un radio de 15 minutos a pie desde su vivienda. Trasladarlo literalmente a Canarias es complicado por nuestra dispersión poblacional, así que lo hemos adaptado. En las grandes ciudades se busca ese modelo de 15 minutos a pie o en movilidad sostenible, mientras que en el resto del territorio el objetivo es que los servicios estén a unos 15 minutos en coche. La idea es evitar grandes desplazamientos para necesidades básicas y garantizar que cualquier ciudadano tenga cerca servicios esenciales como un centro de salud, una oficina administrativa o un banco”.

-Actualmente solo el 58% de los canarios vive en esa Canarias de los 15 minutos. ¿Cuál es el objetivo concreto de este modelo? ¿En cuántos años podría alcanzarse ese ideal?
“Si tuviéramos que poner una cifra, hoy estaríamos más cerca de una Canarias de los 30 minutos, es decir, alrededor del 90% de la población tiene acceso a los servicios básicos en ese rango. Reducirlo a 15 minutos requiere planificación: primero identificar qué servicios faltan en cada territorio y después ir implantándolos. Evidentemente, los tiempos administrativos son los que son y no hablamos de actuaciones inmediatas; entre la planificación y la ejecución pueden pasar varios años. Lo importante es contar con una hoja de ruta clara para que, cuando se decida una nueva infraestructura sanitaria, educativa o administrativa, se sepa exactamente dónde debe ubicarse para cumplir los objetivos de la estrategia”.

-Hace falta planificación, pero también una inversión importante…. Estamos hablando de crear centros de salud, centros educativos e infraestructuras de todo tipo. ¿Tienen calculado cuánto dinero sería necesario para lograrlo?
“Es difícil dar una cifra concreta porque el reto demográfico es muy transversal. En los presupuestos de 2026 se destinan alrededor de 500 millones de euros a medidas relacionadas desde distintas consejerías. Evidentemente, siempre hará falta más financiación, porque no solo se trata de construir infraestructuras como colegios o centros sanitarios, sino también de equiparlas y ponerlas en funcionamiento”.

-Hemos hablado de necesidades como la sanidad o la educación, pero otra clave es el empleo. Al final, la mayoría de las personas quiere vivir cerca de su trabajo. ¿Qué estrategias se plantean para acercar oportunidades laborales a las zonas que están perdiendo población?
“La clave es generar actividad económica en esos territorios. Desde el ámbito agrícola se está trabajando en identificar sectores que permitan fijar población, y también en nuevas oportunidades vinculadas a la tecnología, el teletrabajo o los nómadas digitales. La idea es detectar el potencial de cada territorio y desarrollar las infraestructuras necesarias. Por ejemplo, si un municipio como Agulo tiene potencial vitivinícola, lo lógico es impulsar allí las infraestructuras y servicios que permitan desarrollar esa actividad y generar empleo estable”.

-Y también está la vivienda. En los pequeños municipios existen barreras como la burocracia y la falta de rentabilidad del suelo para promover la construcción.
“Es uno de los ámbitos en los que más estamos trabajando. En cuanto a la disponibilidad de suelo, desde 2025 se ha introducido una flexibilización para los municipios con reto demográfico, que permite a estos municipios pequeños generar nuevo suelo donde antes la normativa solo permitía reconocer lo existente. Con la modificación de la Ley del Suelo ahora se pueden completar vacíos dentro de los asentamientos rurales y crear nuevas parcelas edificables sin expandir de forma desordenada, lo que aumenta la oferta de vivienda, ayuda a fijar población y modera precios. En paralelo, en materia de burocracia, se han impulsado dos medidas: el decreto de agilización de licencias, que permite apoyarse en entidades colaboradoras o colegios profesionales, y la Oficina Virtual de Apoyo a los Municipios con Reto Demográfico, que presta asistencia técnica a los municipios de menos de 5.000 habitantes donde la falta de personal puede paralizar expedientes durante meses. En Fasnia, por ejemplo, se han desbloqueado licencias que llevaban tiempo atascadas”.

-Sin embargo, una de las críticas que se le ha hecho a esta Estrategia es que no aborda suficientemente el problema de las viviendas vacías.
“Una de las principales razones por las que no salen al mercado es la falta de seguridad jurídica que perciben los propietarios al alquilarlas como residencia habitual. Por eso, en muchos casos optan por el alquiler vacacional, que aunque requiere más gestión, ofrece mayor seguridad en caso de incidencias. Se están impulsando medidas como ayudas a la rehabilitación de vivienda en el medio rural, condicionadas a mantenerlas en alquiler durante un periodo mínimo, y la regulación de la vivienda vacacional”.

-En cuanto a la movilidad, todavía hay zonas donde la conexión mediante transporte público es escaso o inexistente. ¿Se está haciendo el esfuerzo suficiente?
“En política y en la gestión pública siempre ocurre que todo lo que se hace parece poco, porque las necesidades son muy grandes y los recursos limitados. En estos municipios, además, la población está muy dispersa, lo que hace complicado organizar transporte público regular. Por eso se está trabajando en fórmulas de transporte a demanda, donde el usuario pueda solicitar el servicio por aplicación o teléfono para desplazarse desde su domicilio a un punto concreto o a un nodo de conexión con líneas regulares. La idea es desarrollar una plataforma que permita gestionar estos desplazamientos de forma flexible, optimizando recorridos y adaptándolos a la realidad de estos territorios, como una especie de servicio público bajo demanda”.

-Pero los ritmos son lentos. Al final se trata de problemas que llevan años sobre la mesa.
“Es verdad que muchas veces la sensación es esa. Pero hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado están los procedimientos administrativos y los plazos legales. Por otro, la financiación necesaria para poner en marcha determinadas actuaciones. Además, hay situaciones como la de Fuerteventura, donde el crecimiento poblacional ha sido tan rápido que la capacidad de planificación y ejecución de infraestructuras no ha podido seguir el ritmo. Cuando la población crece muy deprisa, la administración siempre va muy por detrás de las necesidades”.

-Hemos hablado de la importancia de redistribuir la población, pero ¿no tiene Canarias también un problema de volumen de población, tanto residente como flotante?
“Puede ser. Siempre hablamos de récords de visitantes y de crecimiento poblacional. Se dice que este año tendremos una cifra determinada y que el próximo año será aún mayor. Pero quizá la pregunta que debemos hacernos no es cuántas personas más podemos recibir, sino cuál es el modelo que queremos. Probablemente Canarias debe aspirar a un turismo de mayor calidad más que a un crecimiento continuo en términos de volumen. No se trata necesariamente de seguir aumentando las cifras cada año, sino de conseguir que la actividad genere más valor para el territorio y para la población residente”.

-¿Y cuál es el límite? Precisamente una de las demandas que se han planteado en los últimos años es cuantificar esa capacidad de carga y determinar hasta dónde puede llegar Canarias.
“Llevamos aproximadamente un año y medio trabajando en un programa para determinar la capacidad de carga del territorio. Es un sistema basado en criterios técnicos y científicos, al margen de consideraciones políticas, que permite identificar los factores determinantes en cada isla. No solo se trata de sostenibilidad ambiental, sino también de la parte económica y la necesidad de una masa crítica suficiente para mantener servicios básicos de forma viable. Lo que hacemos es analizar todos esos elementos para establecer ese límite de capacidad de carga. Una vez finalizado, se presentará públicamente y se pondrá a disposición de los responsables políticos. La idea es que esté concluido antes de que termine la legislatura, o al menos que siente las bases para continuar ese debate en la siguiente”.

-Otro de los grandes retos es el envejecimiento poblacional. En 2025 Canarias registró casi 150 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años.
“Tenemos que crear condiciones que permitan a las personas jóvenes formar una familia si así lo desean. Cuando hablas con alguien joven, normalmente te dice que quiere estabilidad, vivienda, empleo y unas condiciones adecuadas para desarrollar su proyecto de vida. Si sumamos todas las medidas de las que hemos hablado y conseguimos que funcionen correctamente, estaremos creando ese entorno que permita a una persona decir: Puedo y quiero tener hijos. Todo está relacionado y todo suma”.

-Pero la pirámide poblacional ya está casi invertida. Desde el Colegio de Economistas de Las Palmas alertan de la falta de recursos en los sistemas social y sanitario. ¿Por qué está costando tanto dar respuesta a una situación que ya es una realidad?
“Por lo que comentábamos antes: los ritmos de la administración y las disponibilidades presupuestarias marcan los tiempos. Lo ideal sería disponer de recursos suficientes para incentivar de forma decidida la natalidad, pero eso requiere financiación. Lo que alertan los expertos es cierto. Si la tendencia continúa, cada vez tendremos que destinar más recursos a atender a una población envejecida. Ese es el riesgo y por eso es necesario actuar. Como decía antes, si sabemos hacia dónde queremos ir podremos tardar más o menos, pero avanzaremos. La Estrategia Canaria de Reto Demográfico es un buen punto de partida. Evidentemente es mejorable y habrá que seguir incorporando nuevas medidas, como algunas de las que hemos comentado respecto a la vivienda vacía. Pero es un buen comienzo”.