La Asociación de Afectados por las Termitas Subterráneas ha presentado una denuncia ante el Seprona (Guardia Civil); la Dirección General del Medio Natural, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias; el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Tacoronte por una posible mala praxis en el barrio de La Caridad y la posterior consecuencia de una dispersión de esta especie invasora.
Fue en este núcleo donde se detectó, en noviembre del pasado año, el último foco de termita subterránea. En concreto, en una parcela de titularidad privada que es utilizada por la empresa adjudicataria del servicio municipal de conservación y mantenimiento de parques y jardines como lugar de depósito y almacenamiento de material vegetal procedente de dichas actividades.
Según la asociación, existen evidencias gráficas y documentales que acreditan la presencia de dichos acopios con anterioridad al 17 de noviembre de 2016 y también se puede comprobar “que la acumulación masiva de material vegetal continúa en la actualidad sin que conste su retirada integral, valorización o tratamiento definitivo, manteniéndose un volumen que excede, indiciariamente, del que resultaría propio de un almacenamiento temporal”.
En la denuncia, con fecha 5 de junio de 2026, y a la que tuvo acceso este periódico, la Asociación deja constancia que en la documentación consultada estas instalaciones “no figuran en la relación oficial de autorizadas para el tratamiento de residuos no peligrosos publicada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía”. Por ello, considera que “es necesario comprobar si la actividad desarrollada dispone de las autorizaciones previas y demás requisitos exigidos por la normativa”.
La citada asociación, que tiene entre sus fines la defensa de los intereses de los vecinos afectados, solicita que se investigue la parcela situada entre los números 105 y 107 de La Caridad con el fin de verificar el estado real de los residuos acumulados, su volumen, antigüedad, procedencia y condiciones de almacenamiento.
Asimismo, pide que se compruebe si la empresa adjudicataria y la instalación denunciada disponen del correspondiente Número de Identificación Medioambiental (NIMA) así como de las autorizaciones, comunicaciones previas, registros o habilitaciones administrativas exigibles para el almacenamiento, valoración o gestión de residuos vegetales.
También que se verifique si las condiciones de almacenamiento cumplen los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales establecidos por la normativa vigente y la posible relación entre dicho depósito y la dispersión de ejemplares de Reticulitermes flavipes en las propiedades colindantes. En caso de comprobarse que ha habido incumplimientos, la Asociación pide que se adopten las medidas cautelares, preventivas y correctoras necesarias para eliminar o reducir los riesgos detectadosp ara la salud pública y el medio ambiente, y que se dé traslado al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial competente si se desprenden indicios de una posible comisión de delitos contra los recursos naturales.
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