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La Guardia Civil se sorprende ante la frialdad de los delincuentes: detalles de esta extorsión en Canarias

Tres hombres operaban desde diferentes provincias españolas exigiendo dinero a la víctima tras intentar contratar un servicio en un local de Santa Lucía de Tirajana
La Guardia Civil se sorprende ante la frialdad de los delincuentes: detalles de esta extorsión en Canarias

Un nuevo y peligroso método de chantaje digital ha encendido las alarmas de las fuerzas de seguridad en el archipiélago. La Guardia Civil ha culminado con éxito una compleja operación policial en la que se ha investigado a tres varones como presuntos autores de un delito de extorsión en Canarias. Los implicados, que actuaban de forma coordinada desde distintas provincias del territorio nacional, pusieron en su diana a un vecino del municipio de Agüimes. La víctima sufrió un prolongado acoso telefónico y telemático en el que se le exigían elevadas sumas económicas bajo la coacción directa de sufrir represalias físicas inmediatas en su propio domicilio.

La trama delictiva mezcla el engaño en entornos de ocio con la delincuencia tecnológica avanzada. Según detalla el informe de la Comandancia de Las Palmas, los investigadores comprobaron el uso de técnicas de amedrentamiento severas que provocaron cuadros de alta ansiedad en el afectado, quien vio comprometida su seguridad y la de su entorno familiar durante semanas.

El origen del chantaje: la trama de la extorsión en Canarias

El origen de este turbio suceso se remonta a finales del año pasado. La víctima acudió a un local de ocio nocturno situado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, donde solicitó los servicios de una profesional. A pesar de que dicho encuentro íntimo jamás llegó a materializarse, los delincuentes utilizaron los datos de contacto del afectado para iniciar una campaña de acoso implacable. Pocos días después de la cita fallida, el hombre empezó a recibir llamadas intimidatorias constantes en las que se le reclamaban cuantías económicas urgentes bajo el falso pretexto de cubrir supuestos “gastos de logística” y pérdidas de tiempo.

El pánico a que la situación trascendiera a su ámbito privado hizo que el afectado cediera inicialmente al chantaje. La víctima realizó un total de tres transferencias bancarias consecutivas que sumaron un valor global de 900 euros. Lejos de saciar las pretensiones de la red delictiva, el pago inicial provocó que los delincuentes incrementaran notablemente la presión psicológica. En las últimas comunicaciones, los presuntos autores exigían un pago adicional e inmediato de 1.500 euros para dar por zanjada la supuesta deuda.

Rastreo de metadatos y localización de los sospechosos en la red

La agresividad de los delincuentes se recrudeció cuando la víctima mostró dificultades para seguir pagando. Fue en ese momento cuando los investigados comenzaron a enviar mensajes de texto acompañados de fotografías explícitas de armas de fuego de gran calibre, asegurando que se personarían de forma inminente en su vivienda de Agüimes si no realizaba los ingresos solicitados. Ante la extrema gravedad de las amenazas de muerte, el ciudadano decidió interponer la denuncia correspondiente en las dependencias policiales.

El Puesto Principal de la Guardia Civil de Agüimes asumió la jefatura de las pesquisas, activando un protocolo de investigación tecnológica especializado. Los agentes de la Benemérita procedieron al análisis pormenorizado de los metadatos de todas las comunicaciones telefónicas recibidas, así como al rastreo digital del flujo financiero de las transferencias. Gracias a la colaboración directa de las principales operadoras de telefonía del país, se logró identificar de forma inequívoca a los titulares de las líneas móviles utilizadas para ejecutar el chantaje.

El rastreo minucioso del recorrido del dinero guio a los agentes hasta el destinatario final de los fondos recaudados. El principal cabecilla de la red resultó ser un hombre que ya acumulaba un amplio historial de antecedentes policiales por la comisión de delitos de idéntica naturaleza en otras provincias españolas, lo que demuestra la existencia de una estructura habituaria a este tipo de estafas. Finalmente, la Guardia Civil ha remitido todo el bloque de diligencias e informes tecnológicos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, autoridad judicial que se hará cargo de coordinar la causa penal.

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